DDN. Autoridades comunales manifestaron su alegría de poder contar con las carpetas que reconocen su permanencia en el territorio ancestral, aunque aún siguen luchando por una ley que reconozca su propiedad.
Este 11 de octubre, último día de libertad de los pueblos originarios, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) junto al Ministerio de Desarrollo Social de Salta entregaron 12 carpetas técnicas, jurídicas y catastrales que acreditan la finalización del relevamiento territorial según lo establece la Ley Nacional N° 26160. Faltó entregar una carpeta más a una comunidad que no pudo llegar al acto.
Recibieron sus carpetas las comunidades El Rosal, El Cóndor Potrero de Chañi, Finca Santa Rosa y Arpero, Campo Luján, Finca Tipayoc, Finca Uchuyoc - Matancillas, Finca Corpus Ñiok, Vizcarra, Valle Delgado, Finca Rosario, Quewar y Ponciano Saracho. Mientras que la comunidad Salar de Pocitos no pudo llegar al acto por lo que quedó pendiente la entrega de su carpeta.
La entrega de las carpetas se hizo en un acto encabezado por el senador originario Walter Cruz (del Pueblo Kolla de Iruya). Participaron autoridades gubernamentales del INAI, del Ministerio de Desarrollo Social, la Secretaría de Asuntos Indígenas, y representantes indígenas.
El senador Cruz dijo que las carpetas "acreditan que (estas comunidades) efectivamente viven en sus territorios". "Es una alegría, ya van a conformar casi un centenar de comunidades en la provincia que han sido relevadas en el marco de la 26.160. Falta mucho todavía, no sé si estamos llegando a un tercio de las comunidades relevadas. Hay muchas que tienen las carpetas en camino pero hay algunas a las que todavía les falta iniciar incluso", señaló.
"Seguimos implementando la ley de emergencia en materia de propiedad y posesión comunitaria indígena, la ley 26.160. En este caso en particular entregamos 12 relevamientos, donde el Estado nacional y provincial reconocen derechos posesorios, la ocupación de la comunidad sobre sus territorios", dijo el director de Tierras y Registro Nacional de Comunidades indígenas del INAI, Martín Plaza, también él integrante de pueblo originario. Añadió que la entrega se hizo en el marco de un convenio entre el INAI y la cartera de Desarrollo Social de Salta.
Un instrumento en los territorios
Victoria Velez Condorí, cacica de la comunidad originaria tastil El Cóndor Potrero de Chañi, que cuenta con 80 familias, dijo que está agradecida con las autoridades gubernamentales y senadores por la entrega de la carpeta técnica, y expresó sus deseos de que los relevamientos se sigan realizando para las comunidades que faltan. "En 2015 hicimos los primeros pasos. Ahora en 2023 se nos entrega la carpeta", señaló.
El representante del Consejo de Participación Indígena (CPI) del Pueblo Tastil de la ruta 51, en la Quebrada del Toro, Víctor Cruz, dijo que en su caso son 14 comunidades y ya casi el 80% han sido relevadas. Destacó que la mayoría tiene también personería jurídica. "Fue muy lindo que pudieran estar las autoridades de las comunidades, venimos de más de 180 kilómetros, y a lomo de burro en algunos casos para bajar a la ruta", manifestó.
Cruz señaló que las anheladas carpetas son "un instrumento" que les sirve "como documento en cada uno de los territorios". Indicó que en el Pueblo Tastil todavía están sin relevar la comunidad Los Alisos y la comunidad La Quesera que "está en proceso de autodeterminación".
El referente también resaltó la conmemoración del 11 de octubre como el último día de libertad de los pueblos indígenas, en 1492. "Es una fecha dolorosa para nosotros", expresó. "Como pueblos originarios nos sacaron nuestros territorios, hubo una masacre", recordó.
"Venimos trabajando en la instrumentación de la ley de propiedad comunitaria", señaló además Cruz. Contó que con ese fin con la organización OPINOA presentaron un ante proyecto en el Congreso de la Nación, y hay otros proyectos, incluso uno del INAI, que esperan que puedan ser tratados. "Venimos peleando desde 1994 pero la única que se consiguió fue la ley que suspende los desalojos"; "Seguimos en la lucha para tratar de conseguir la ley de propiedad comunitaria, por lo menos para llevar tranquilidad a nuestros descendientes, no sé si nosotros vamos a estar porque la venimos peleando hace muchos años", expresó.
Asimismo, respecto a la 26.160 que ha tenido sucesivas prórrogas, Cruz consideró que debe ser una ley "permanente" porque hay comunidades "muy complicadas por terceros o terratenientes" cuyos procesos se han detenido por el amparo de esa legislación. También señaló que hay lugares que son tierras fiscales y en algunos hay conflictos por intereses externos a las comunidades en los recursos naturales como los minerales y el agua.
Por su parte, la cacica Adriana Beleizán, de la comunidad wichí Ponciano Saracho, de Joaquín Víctor González, contó a Salta/12 que vienen luchando desde hace mucho por el reconocimiento del Estado. Recordó que su tío, el anterior cacique ya fallecido Mario López, inició caminatas en su ciudad los 19 de abril para que el intendente y las autoridades municipales "sepan que hay comunidades originarias" allí. Ahora expresó "satisfacción por el reconocimiento" que implica la carpeta técnica.
La comunidad de Beleizán está integrada por 68 familias, pero sólo 37 están viviendo en una parcela relevada, un lugar cerca del basural y donde no tienen energía eléctrica, ni agua, ni gas natural pese a que es zona urbana. La cacica contó que por las condiciones del lugar, sobre todo las familias con personas adultas mayores y con discapacidad están viviendo dispersas en los barrios urbanos ya que en particular en este época deben soportar el calor extremo y "lo que más se sufre es la falta de agua".
Con la carpeta técnica, Beleizán dijo que ahora espera "que el municipio y las autoridades se hagan cargo de la comunidad originaria". Contó que antes intentó hacer gestiones ante el intendente Juan Aguirre para acceder a los servicios básicos pero le respondió que volviera cuando tuviera esta carpeta técnica, la personería jurídica "o algún papel" que acredite que es de una comunidad originaria. Asimismo, dijo que sólo consiguió que les lleven tres tinacos de 1100 litros de agua una vez a la semana, "pero no es suficiente. Tenemos como 50 niños, de ahí van a la escuela, no nos alcanza".
"Nunca hemos tenido el apoyo del municipio", insistió Beleizán. Dijo que lo que han conseguido en materia de acceso a derechos lo han gestionado ante el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas y la Secretaría de Asuntos Indígenas y el INAI.
Ahora que cuenta con la carpeta, Beleizán dijo que espera gestionar una respuesta en materia habitacional ante el Instituto Provincial de la Vivienda, porque en su comunidad apenas tienen 3 casitas "de material", "3 casillas de madera y las demás en su mayoría son de silo bolsa". También contó que hay muchas madres que crían solas a 5 o 6 niños.
La referenta añadió que el heredero de una familia de terratenientes les disputaba las tierras, "nos quería sacar" y señaló que le "aceptaron una donación de 4 hectáreas" del mismo territorio relevado por el INAI para frenar el conflicto en el marco de un acuerdo que les habría propuesto. "Es en el mismo territorio donde estamos viviendo, donde vivían mis abuelos. Ha salido él diciendo que es dueño. El relevamiento territorial no se cae por una donación por eso se la aceptamos", manifestó.
Ya hay 190 comunidades relevadas en Salta
Martín Plaza puntualizó que en el marco de los convenios celebrados con el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, en estos últimos dos años han finalizado 90 relevamientos territoriales y entregaron más de 50 carpetas.
"En la provincia de Salta ya se relevaron como 190 comunidades, aún faltan. Hoy somos la provincia con más comunidades indígenas de todo el país, 520", indicó Plaza. "La expectativa es seguir relevando para finalizar y que cada comunidad cuente con su carpeta y con el reconocimiento de sus derechos posesorios tanto del Estado nacional como provincial", sostuvo.
Por su parte, el senador Cruz recordó que en 2005 y 2006, "muchos de nuestros mayores caminaban los pasillos del Congreso Nacional para lograr una ley que primero evitara los desalojos; segundo, ordenara un relevamiento, y asignara un presupuesto para hacer estos relevamientos. Todos soñábamos con que era el principio de la finalización de toda aquella negación de derechos, de todas humillaciones, del genocidio silencioso que hacían con las comunidades".
El legislador señaló la importancia del reconocimiento de derechos, "por lo menos hoy en día estamos enmarcados en una ley, nos reconocen que sí existimos, que sí vivimos, que sí estamos, pero falta", sostuvo. En este sentido, planteó que el primer paso es el relevamiento, y lo siguiente es una "ley que instrumente cómo sería la división de nuestros territorios con títulos comunitarios, en todo el país, no solamente en la provincia de Salta".
Reforma de la ley 7121
El senador Cruz dijo que hoy presentará de nuevo el proyecto de reforma de la Ley 7121 del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas (IPPIS), para que la Provincia reconozca formalmente la existencia de los pueblos Lules, Iogys, Atacama, Weenhayek y Tastil.
Cruz lamentó que la Cámara de Diputados haya dejado vencer el año pasado, negando el tratamiento al proyecto que presentó en igual sentido hace 4 años. Recordó que para elaborar esta propuesta hizo diversas consultas "entre ellas, por ejemplo, a la Universidad Nacional de Salta, que a través de su Escuela de Antropología nos dio si se quiere la certificación científica de que sí existen esos pueblos".
"Hoy día hemos presenciado cómo se ha hecho entrega de carpetas a dos comunidades tastiles. Entonces vemos cómo el gobierno nacional y el provincial ya vienen trabajando con estos pueblos y cómo ha costado en la Cámara de Diputados hacer entender que esto no es quitar derechos a otros", señaló.
Cruz dijo que espera que el proyecto se trate "a la mayor brevedad posible" en el Senado y deseó que "esta vez en Diputados entiendan que no estamos quitando derechos a otros hermanos. Acá hay un sentimiento de autodeterminación de los miembros de estos pueblos que dicen ser Lules, Atacamas, Iogys, Weenhayek, Tastiles, algunos de ellos tienen sus propias lenguas, su propia historia, su propio territorio y corresponde que los reconozcamos. Creo que va más allá del sentirse, que el derecho a la identidad es un derecho humano que debemos entender, que debemos respetar", expresó.
Preocupación por antiderechos
Martín Plaza se manifestó preocupado por el contexto político actual. "La fuerza que a nivel nacional sacó más votos, La Libertad Avanza, tiene como propuesta para la política pública indígena derogar esta herramienta (la ley 26.160). Ya Victoria Villaruel ha presentado dos proyectos en la Cámara de Diputados de la Nación. Y lo ha dicho en más de una ocasión, que si ellos son gobierno van a derogar la 26.160. Reivindican el terrorismo y el genocidio de Roca y desconocen la presencia de los pueblos indígenas", sostuvo.
El funcionario recalcó que por este motivo están ante "la responsabilidad de hacer estos actos con la provincia, con las organizaciones indígenas para poner sobre la mesa que con todas las diferencias que existen entre los Estados, y las distintas comunidades, distintos pueblos, tenemos el horizonte claro que es seguir en el reconocimiento de derechos sobre todo del derecho a la propiedad comunitaria indígena".
Cruz se pronunció en el mismo sentido, "en vista de las elecciones que se aproximan". Consideró que deben como originarios "militar y acompañar a este gobierno que nos ha acompañado todos estos años, por ejemplo en la ley 26.160".
Martin Plaza son años de lucha de las organizaciones indígenas y de decisiones políticas para materializar derechos
Fuente: Página 12-FM Noticias 88.1 Mhz.
MP
