DDN. El abogado querellante David Leiva, comentó que se vivieron momentos de tensión por las interrupciones del defensor durante las declaraciones de Delfín Castedo.
Es que el abogado Horacio Daniel Morales, quiso parar la audiencia porque se oponía a que se preguntara sobre las escuchas telefónicas que se incorporaron como prueba en esta causa, aun cuando tuvo una semana para prepararlo.
En su declaración, sin juramento de decir verdad, Delfín Castedo dijo que tenía una locación de prestación de servicios, que incluso había trabajado con Miguel Ragone, que hacía trabajos de desmontes para los que contrataba gente y que debía entregarle a Aparicio mil hectáreas, la mitad para pastoreo y la otra mitad para agricultura. Afirmó también que nunca tuvo problemas con Liliana Ledesma, que no planificó, ni instigó el crimen.
“Se lo notaba totalmente calmado y cuando empezó a contestar preguntas de la fiscalía, por cuestiones vinculadas a las escuchas y a los números telefónicos, lo primero que nos sorprendió es que reconoce que Juan Moreno, que era el chofer de la ambulancia, lo llama a los instantes de que Liliana Ledesma estaba en el hospital, a su teléfono particular y él estaba en Buenos Aires, contándole que la habían matado. Reconoce además que entre el chofer de la ambulancia y él hay tres comunicaciones, ese mismo día entre la 01:00 y las 02:00 de la madrugada del día siguiente. Al reconocer el teléfono que él usaba, las escuchas determinaban que ese era su número y que esa era la voz que hablaba con Raúl Castedo y con Aparicio, mientras que las declaraciones de algunos gendarmes, comprometidas y vinculadas al crimen de Liliana Ledesma, confirman las escuchas”, señaló Leiva.
Fue en esta instancia que Morales se opuso a que su defendido siguiera contestando y la querella insistía en que el defensor no podía interrumpir la declaración, a lo que el juez le termina diciendo que era un derecho personalísimo del imputado el declarar porque es un acto de defensa. “Empezó a levantar la voz, a decir que no iba a permitir que sigan así y pidió media hora para hablar con el imputado… no dejaba que se avance, ni que el imputado continuara declarando”, comentó Leiva y agregó que debido a esta circunstancia hubo dos cuartos intermedio hasta que el Tribunal le advierte que podía ser sustituido en la defensa y que se le podrían aplicar sanciones disciplinarias.
Al retomar la audiencia, se le preguntó a Delfín Castedo si seguiría declarando y contestó que sí. Volvió el cuestionamiento, aun con una postura más insistente de parte del defensor que se oponía en forma acérrima a que lo hiciera, lo que fue interpretado por Leiva como una maniobra para dilatar el juicio, ya que los reconocimientos que hizo confirmó la prueba de las escuchas y que había participado como autor del delito.
Cuando ya no quiso seguir contestando preguntas, la querella solicitó al Tribunal que se introduzca por lectura y se oralice la declaración prestada ante el doctor Aramayo, que fue en la cárcel de Güemes, y en la que se evidenciaron aspectos contradictorios a lo que venía declarando, ya que en aquella oportunidad, en el año 2017, Delfin Castedo dice que con el diputado Aparicio no tenía una locación de servicio, sino que le limpiaba mil hectáreas y que a contraprestación verbal recibía el usufructo de esa finca durante 15 años.
Leiva hizo hincapié en que este es un primer reconocimiento porque los empleados que iban ahí ya no eran del exdiputado Aparicio, sino suyos y entre ellos estaba Casimiro Torres, uno de los condenados por el crimen de la pequeña productora.
Mencionó además que con el reconocimiento del teléfono y cuando se introduce por lectura, dice que “a esa finca la usábamos para contrabandear cereales” y el abogado defensor se negaba a que se incorpore esto porque si no se autoincriminaba.
En aquella declaración, Castedo afirmaba que después del crimen se había ido porque el diputado Aparicio le había dicho que no lo podía proteger y que se fuera. Por lo que se trasladó a Bolivia, pasando por su finca, reconociendo así que la finca se usaba para el contrabando.
“Delfin y Ula Castedo dicen: nos fuimos del país porque Aparicio nos dijo que no nos podía proteger. A Aparicio se lo venía investigando desde 1999 con escuchas telefónicas que demostraban que era el jefe de la organización narcocriminal”, subrayó Leiva.
En su turno de declarar, Ula Castedo anticipa que no iba a aceptar preguntas de las querella, ni de la fiscalía. “Se presenta como un peón de Aparicio, pero empieza a hablar como si trabajara para su hermano, contratando el personal para el desmonte, entonces ya se sitúa como mano derecha de su hermano y todas las escuchas telefónicas terminan desembocando en el entorno comunicativo y todas esas cosas que transcribieron los gendarmes que tenían intervenidos los teléfonos, que desde el teléfono de Ula Castedo se comunicaba con todos los condenados y después lo hacía con Delfin Castedo que era el jefe y la mano derecha de Aparicio”, indicó el abogado querellante.
Y agregó en dialogo con FM Noticias que “de las escuchas surge que al Pichi Ledesma, Ula le comentaba a Delfin Castedo que sabía por dónde andaba, a qué hora se levantaba, a qué hora salía de su casa, cuáles eran los lugares donde iban a trabajar y que tenían el dinero para hacerlos desaparecer”.
En tanto, Leiva remarcó que Aparicio también participó de este crimen y se murió antes por eso no está sentado entre los acusados. Este les aportó a su hermana, Gabriela Aparicio, y su pareja conviviente Ani Tárraga, quienes participan en el crimen porque era de la organización y cuando deciden matarla hay una conversación en la que le piden elementos y les dicen: ya tienen un machete pero quieren algo más contundente, como diciendo le peguemos un balazo y terminemos, pero él les dice que de esa forma se tiene que hacer, sugiriendo las puñaladas que finalmente recibió Liliana Ledesma.
La interpretación de la querella es que a Liliana Ledesma la matan de una puñalada en el corazón, que es la que seguramente la desvanece, le parten la boca y no lo hacen para matarla, sino para dar un mensaje a la sociedad de que eso le puede pasar a quien hablara. “Tiene una similitud con el terrorismo de Estado o con las violaciones porque meten miedo para inmovilizar a la población y para que nadie reaccione y en este caso en particular para que no reaccionara ninguno de los puesteros afectados por la decisión de expulsarlos de toda esa zona de frontera que ellos querían manejar para ilícitos”, dijo y mencionó como ejemplo la situación de Sergio Rojas que acompañaba a Liliana en sus reclamos y denuncias pero que luego se desdijo, tal vez por temor o presiones.
Incluso fue el quien advirtió que si le pasaba algo seria por culpa de los Castedo y Aparicio y que la finca era una zona para el narcotráfico en la que se pretendía establecer un aeropuerto. Sin embargo, ahora minimiza los hechos y asegura: “Nosotros estábamos agrandando, es como si habláramos de los 8 mil o 30 mil desaparecidos…estaba preparado para que venga a decir esas cosas”.
Finalmente, informó que todas las desgrabaciones previas al crimen y dos días después, fueron puestas en conocimiento del exjuez federal Raúl Reynoso y este las cajoneo durante años; es por esto que Leiva pedirá que se investigue al exmagistrado por encubrimiento.
Consultado por el robo a su hija, a la que le desvalijaron la casa y si lo relaciona a la inseguridad en Oran o a un mensaje para él y su familia, contestó que a la fiscal en dos días de audiencia le pincharon tres veces el auto, encontró alambre en las ruedas y la chocó un gendarme retirado con domicilio en Tartagal. “No quiero decir que la colega que está conmigo, que es mi hija, que es un robo vinculado a la cuestión, pero son cosas que si se pensaron”, expresó.
Fuente: Algo personal-FM Noticias 88.1 Mhz.
MP
