DDN. En el avance de la investigación sobre presuntos actos de corrupción en el Servicio Penitenciario de Salta, la Unidad Fiscal integrada por el procurador general Pedro García Castiella y la fiscal penal Ana Inés Salinas Odorisio, de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), junto con el fiscal penal Santiago López Soto de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad, bajo autorización del Juzgado de Garantías 3, procedieron a dos allanamientos que resultaron en la detención de dos individuos vinculados a la causa.
Durante los allanamientos realizados por la Unidad de Investigación del CIF, se incautaron diversos elementos de interés para la investigación, incluyendo teléfonos celulares, pendrives, computadoras, dinero en efectivo y documentación relacionada con internos.
Los detenidos, enfrentan acusaciones por solicitar sobornos a reclusos a cambio de favores dentro del sistema penitenciario. Ambos serán imputados por la presunción del delito de Exacciones Ilegales Agravadas – Concusión, en un número indeterminado de hechos, siendo el primero, personal del Servicio Penitenciario, acusado como autor y el segundo, como partícipe necesario.
En el marco de la investigación y durante el análisis de teléfonos celulares de imputados anteriormente, se encontraron conversaciones que revelan la coordinación para obtener beneficios a cambio de dinero de familiares de internos, utilizando a un intermediario. Los diálogos indican que participaron activamente en la obtención de beneficios a cambio de dinero, incluso proporcionando su cuenta bancaria para recibir los pagos. Además de las conversaciones, se respalda la acusación con análisis bancarios y transferencias detectadas, aportadas por el Departamento Fraudes de Mercado Libre.
El testimonio de un exdetenido en la Unidad Carcelaria 1 detalló pagos de $95.000 para obtener su libertad durante la pandemia en 2020 o 2021, así como un acuerdo de $380.000 con su padre por informes favorables y beneficios adicionales, de los cuales solo se entregaron $280.000 en efectivo. También pagó $60.000 para eliminar una sanción. Todos los pagos fueron realizados a uno de los ya imputados, quien gestionaba los beneficios.
Fuente: Fiscales penales
MP
