El juez Pablo Zerdán ordenó que el policía Pablo Vaca de 29 años continúe detenido con prisión preventiva por el término de seis meses en el lugar de detención donde actualmente se encuentra alojado, imputado por la muerte de Gregorio "Gogó" Ramos, como presunto autor del delito de homicidio doblemente agravado por haberse cometido durante el ejercicio de la función policial y por el uso de arma de fuego.
En tanto, los otros tres efectivos, María Luz Jurado (23), Ignacio Burgos (25) y Gonzalo Ceballos (43) fueron acusados como presuntos coautores del delito de encubrimiento agravado por el resultado del delito primigenio y por la calidad de funcionarios públicos. Zerdán dispuso que cumplan arresto domiciliario por el término de treinta días y que sea monitoreado por UADME. Además les prohibió mantener contacto entre ellos y con los testigos de la causa, y tendrán la obligación de asistir a todos los llamados que se realicen desde la justicia.
Gogó, tenía 36 años, era discapacitado y fue abatido de varios tiros en una intervención policial en el barrio 6 de Septiembre, zona este de la ciudad.
Durante la audiencia tuvo por formalizada la imputación y aceptó el plazo de la investigación penal preparatoria por el término de nueve meses por considerarlo proporcional y razonable. Finalmente autorizó la apertura de los teléfonos celulares de los cuatro acusados.
Según la hipótesis fiscal, el 3 de noviembre pasado, alrededor de las 1.40, cuatro efectivos de la Dirección de Seguridad Urbana se desplazaron en un móvil policial hasta inmediaciones de las calles Francisco Muñiz y Filiberto de Menes, en la zona este de la ciudad de Salta. En esas circunstancias, el cabo que se desempeñaba como operador de escopeta habría efectuado disparos contra Gogó, que se encontraba sentado en la puerta de su casa, según informaron sus familiares.
La víctima sufrió múltiples heridas de arma de fuego en ambas piernas y en la espalda. Fue asistida por personal del SAMEC y trasladada al hospital San Bernardo, donde falleció como consecuencia de un shock hipovolémico provocado por las lesiones.
La investigación dirigida por el fiscal Daniel Espilocín sostiene que, después de los disparos, los cuatro efectivos se habrían retirado del lugar sin prestar asistencia a la víctima.
Posteriormente, al informar lo sucedido a sus superiores, habrían referido que durante el procedimiento realizaron únicamente un disparo de repliegue o despeje, ante una supuesta agresión con elementos contundentes.
Entre los elementos reunidos se encuentran testimonios, informes policiales, registros de geolocalización del móvil, actuaciones de Criminalística del CIF y los resultados preliminares de la autopsia, que determinaron la causa de muerte.
