Salta aprobó por decreto pasar de 1.000 a 35.000 las hectáreas que pueden estar en manos extranjeras en la Puna y los Valles Calchaquíes. Casualmente, el gobernador Juan Manuel Urtubey aumentó particularmente ese permiso al departamento Rivadavia, donde tienen sus tierras la familia del presidente Mauricio Macri y sus socios Nicolás Caputo y Pablo Clusellas, la familia del jefe de gabinete Marcos Peña Braun y su propio hermano, Facundo Urtubey. Así como durante la década del noventa el proyecto neoliberal se financió con el remate de las empresas estatales y su privatización en manos de empresas nacionales y extranjeras, la reforma de la Ley de Tierras hecha a través de un decreto reglamentario y el anuncio de reforma de la ley de minería, abren el camino para convertir a los recursos naturales en las nuevas joyas de la abuela a ser vendidas.
El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, firmó el decreto 1377/16 que permite la venta de las tierras en la provincia a extranjeros fijando nuevos techos: mientras que antes era de mil hectáreas en todos los casos, ahora van entre once mil y treinta y cinco mil. Esta exorbitante cifra de ingreso a los capitales extranjeros se reserva para la zona de la Pre Puna (Iruya y los departamentos ligados a la minería), los Valles Calchaquíes y el Departamento Rivadavia.
En el departamento Rivadavia conviven los emprendimientos del presidente Mauricio Macri con sus amigos y socios Nicolás Caputo y Pablo Clusellas; el jefe de gabinete Marcos Peña Braun y su familia, el hermano del Gobernador, Facundo Urtubey, y la empresa IRSA de Eduardo Elztain.
Urtubey se basó en el permiso que otorgó la reforma del decreto reglamentario de la ley de tierras que hizo el presidente Macri en junio del año pasado. A través del decreto 820, el gobierno modificó la reglamentación de la Ley de extranjerización de la tierra y subió los pisos de participación de capital extranjero en la adquisición y explotación. El decreto reglamentario que modifica de hecho lo votado por los Legisladores en la ley, define como extranjero a quien sea titular de un porcentaje superior al 51 por ciento de la empresa, mientras que la ley vigente estipula ese porcentaje en 25.
En el decreto, que lleva las firmas de Macri; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el ministro de Justicia, Germán Garavano, y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, sostiene que los titulares extranjeros no pueden adquirir más de 1.000 hectáreas cada uno, o su equivalente en la zona núcleo, que es la más productiva, y está delimitada en el norte bonaerense, el sudeste de Córdoba y el sur de Santa Fe. Pero deja librada a las provincias el límite en cada una abriendo el camino así al decreto de Urtubey.
El gobierno se dispone ahora a modificar también la ley de minería en el mismo sentido. La nueva legislación permitirá así vender los recursos naturales de la Argentina para conseguir financiamiento para el programa de ajuste, tal como el remate de las empresas estatales financió la convertibilidad en la década del noventa.
Los dueños de la tierra
En su primera declaración jurada como presidente, Macri dio cuenta de la compra de 373 hectáreas en el departamento Rivadavia en sociedad con su amigo y contratista del estado Nicolás Caputo, y los funcionarios de la elite del Cardenal Newman José Torello y Pablo Clusellas. Sin embargo, una investigación demostró entonces que se trataban de diez mil hectáreas y que lindaban con un predio histórico de la familia, la Finca Yuto.
La Finca Yuto, de 20.000 hectáreas, es uno de los emprendimientos de SOCMA SA, la empresa familiar, que ha sido denunciado históricamente por las organizaciones ambientalistas como Greenpace y por las comunidades originarias por la explotación del suelo y el desmonte realizado que viola la ley de Bosques. Sin embargo, este año, a las 6.000 hectáreas que ya tiene desforestadas, solicitó y consiguió que se apruebe el desmonte de 8.163 hectáreas más para plantación de soja.
Yuto S.A., un complejo agroindustrial para la producción de soja que Franco puso en marcha mientras se asociaba con el grupo Sanhe Hopefull Grain & Oil, el principal productor de aceite de soja de China, para la explotación del ferrocarril Belgrano Cargas. Todo sucedió en 1997: armaron las sociedades, compraron las tierras y se quedaron con la privatización del ferrocarril que les permitiría llevar la soja directamente al puerto.
La curiosa inversión en el departamento Rivadavia de Macri y sus amigos del año pasado, coincide geográficamente con un gran emprendimiento agrícola-ganadero de Cresud, empresa de Eduardo Elsztain, también dueño de IRSA, que se financió con un crédito de 20 millones de dólares que le otorgó el Banco Ciudad en 2012, durante la gestión de Federico Sturzenegger, actual presidente del Banco Central.
También cercana a Yuto, en el mismo departamento de San Martín, se encuentra Finca Cuchuy, de Alejandro Jaime Peña Braun que no es solo un importante aportante privado a la campaña de Cambiemos sino, además, el primo segundo del jefe de Gabinete Marcos Peña Braun.
Cuchuy, que abarca cerca de 10.000 hectáreas de bosques nativos que el gobierno de Urtubey apruebe el cambio de nomenclatura para propiciar el desmonte, sin importar que, según un informe de Greenpeace, las comunidades indígenas de la región “quedarán prácticamente encerradas entre fincas que fueron desforestadas en los últimos años”.
El tercer vecino de la zona que ahora podrá recibir capital extranjero para avanzar con el proceso de desmonte y desguace de los recursos naturales es precisamente el hermano del gobernador, Facundo Urtubey.
Desde su puesto de funcionario a cargo de la aplicación de la ley de Bosques en la provincia, Urtubey propició el desmonte en tierras que reclamaba como propias y que litigó en la Justicia para quitárselas a la comunidad wichi. En medio del escándalo periodístico por el tema, él mismo se encargó de aclarar los puntos en un comunicado que agrega información sobre empresas de Macri que no aparecen en su DDJJ.
“Soy propietario de una finca en Cuchuy, departamento San Martin desde el año 1997. En el año 2005 surgió un conflicto de límites con la propietaria de una finca vecina, empresa de Buenos Aires, representada por el señor Alejandro Braun Peña, que se encuentra relacionado también a Cremer SA, de capitales alemanes, y Salta Cotton S.A. vinculada a Mauricio Macri.”, dice en el comunicado que publicaron los diarios salteños en setiembre de 2013. Urtubey quería así aclarar que se trataba de un conflicto entre privados, y no con las comunidades originarias, pero logró confirmar los rumores sobre quiénes componen la vecindad.
Salta Cotton SA es una empresa en la que Pablo Clusellas figura como presidente y Alejandro Jaime Braun como Director. Pero en el año de su creación, casualmente, es Alejandro Braun quien lleva adelante la compra de Yuto SA en nombre de la familia Macri. Y Clusellas es el socio de Mauricio Macri en la compra de las nuevas tierras.
Una ayuda del Ciudad
La ayuda de Urtubey a los propietarios de las tierras en Departamento Rivadavia no es la primera que reciben los empresarios desde el Estado, nacional o de las provincias.
El 10 de enero de 2012, el Banco de la Ciudad le otorgó a la firma Cresud, accionista mayoritaria de IRSA, ambas manejadas por el empresario Elsztain, un préstamo a cinco años, con una tasa del 6%, por un total de 20 millones de dólares para convertir unas 15.934 hectáreas ganaderas de su campo “Los Pozos” en agrícolas.
La firma Cresud tiene un total de 371.639 hectáreas en los departamentos Anta y Rivadavia de Salta. Suele aparecer en las denuncias de comunidades locales o de la organización Greenpeace por los desmontes, que a bocados se devoran decenas de miles de hectáreas de bosques para correr la frontera productiva.
En algunos casos, las denuncias advierten que se venden campos con comunidades “adentro”. En otros, que la voraz caída de lluvias, lava tierra y embiste poblados justamente por esos bosques. O por su desaparición, para ser precisos.
En esa región de Salta, el apellido Elsztain es harto conocido. No sólo por la inmensa cantidad de tierras que posee, sino porque además suele sostener económicamente a pueblos enteros, con donaciones o emprendimientos de Responsabilidad Social Empresaria. En el Departamento Rivadavia, donde el Presidente compró sus campos, los Elsztain hasta bautizaron con su apellido una escuela que construyeron a través de la Fundación IRSA.
A dos años de que la Ciudad le prestara los 20 millones de dólares, Cresud había logrado convertir unas 13.441 hectáreas de su campo “Los Pozos” en agrícolas. Sin haber perdido el negocio ganadero: con frecuencia se publica en el diario La Nación o en la prensa local el anuncio de remates de esta empresa en el Departamento Rivadavia. Hace 10 años atrás, en esta finca se destinaban unas 37.860 hectáreas a ganadería, según consta en el boletín oficial de Salta.
Cresud tiene una estructura accionaria variada, pero su mayoría está en manos de Eduardo S. Elsztain. Esta empresa es, a su vez, la dueña del 37,4% de IRSA, una firma más conocida en Buenos Aires, porque controla casi todos los grandes centros comerciales porteños, como el Alto Palermo, el DOT, el Patio Bullrich o el Buenos Aires Design.
El desmonte
Una de las principales empresas de desmonte que trabaja en Orán, Salta es “Nuevo Rumbo Servicios Agricolas S. A.”, especializada en: Desmontes, Preparación de suelos, Plantación y Siembra, Transporte de maquinarias y Fumigación terrestre.
Su dueño es Paul Bleckwedel, candidato a intendente del PRO, y a quien Mauricio Macri le confirió la dirección del Belgrano Cargas en su nueva función.
Bleckwedel es titular de un conglomerado de compañías denominado Tradding Group, que comprende a las firmas Paul Tradding SA y Nuevo Rumbo Servicios Agrícolas SA y en octubre pasado debió renunciar a su cargo acosado por denuncias de corrupción.
Sin embargo, tal vez el desmonte y la soja sean pronto parte del pasado si las empresas extranjeras pueden hacerse de la tierra para el principal objetivo que es la explotación de los recursos naturales.
Según un estudio del ex diputado Claudio Lozano, “un informe de la petrolera Schlumberger -firma en la que se desempeñó Miguel Galuccio hasta su designación en YPF- divulgado también por la revista especializada Oilfield Review, identificó en ‘Los Monos’, en la provincia de Salta, un enorme potencial en gas no convencional o ‘shale gas’. El secretario de Energía de la Provincia, Flavio Aguilera, aclaró que el potencial de la citada formación geológica es largamente conocido, por trabajos exploratorios de YPF, en la franja territorial que se extiende desde San Martín, Orán y Rivadavia (al norte) hasta Anta, Metán y Rosario de la Frontera (al sur de Salta). Según Schlumberger, el reservorio compartido con el sur de Bolivia “podría contener hasta dos tercios de los recursos técnicamente recuperables en materia de gas no convencional de la Argentina”, según un periódico salteño. El Oeste de la provincia se caracteriza por ser una zona con abundantes recursos minerales, como el oro, el cobre, el plomo, la plata, el estaño, el litio, el bórax, el salitre y el potasio. Las mineras canadienses concentran más de la mitad de los proyectos mineros de Salta y Jujuy. Unas 18 empresas están a cargo de 24 grandes iniciativas de exploración y desarrollo minero. De ellas, 11 proceden de Canadá, las cuales manejan un total de 13 proyectos.
Las provincias de Salta y Jujuy suman, en la actualidad, unas 24 iniciativas mineras de relevancia: 15 en territorio salteño y 9 en suelo jujeño. – Golden Minerals (USA) –junto con Silex Argentina– quiere producir plata y zinc en El Quevar. – Cardero Resources (Canadá) lleva a cabo prospecciones de oro y plata en Organullo. – Corriente Argentina de Lumina Copper (Canadá) busca cobre, molibdeno y oro en Taca – Mansfield Minerals (Canadá) está a cargo de los análisis de factibilidad de la mina aurífera Lindero – Regulus Resources (Canadá) efectúa exploraciones de oro, plata y cobre en el proyecto Río Grande. – la local Salta Exploraciones, Cascadero Copper busca cobre en Pancho Arias, y cobre y oro en Sarita.
El gobierno anunciará, próximamente, el envío al parlamento del nuevo Acuerdo Federal Minero, que permite de hecho el ingreso de más capitales extranjeros, con más facilidades y con menos impuestos. Tal vez sea el punto que faltaba para el negocio de los dueños de la tierra.
