DDN. Luego de la visibilización de la suspensión de la concejala yrigoyense Lucía Rojas por denunciar el acuerdo entre provincia y municipio para beneficiar a la empresa Seaboard Corparation, que explota el ingenio San Martin del Tabacal, el ministro de gobierno, derechos humanos y justicia, Marcelo López Arias, habló al respecto.
“Sobre el tema del Concejo Deliberante, si está suspendida o no, el gobierno provincial es absolutamente respetuoso de la autonomía de los municipios. Nunca nos meteríamos en una interna del Concejo”, comentó López Arias.
Respecto de su intervención en el armado del acuerdo, según lo manifestado por la edil, el ministro respondió: “No hubo ningún acuerdo, esta es una cosa tan de locos que me causa mucha gracia. A mí me hablan desde el gobierno nacional, me llega la información de que si no le revalidaban la habilitación a la empresa El Tabacal, que se llama Seaboard ahora, inmediatamente le dejaban de comprar biocombustible y si lo hacían nos quedábamos con 1500 desocupados en Yrigoyen, entonces como ministro de gobierno intervine en eso”, y agregó: “Inmediatamente hablé con el intendente (Jorge Gallardo), con la gente del ingenio y también con los concejales, para comentarles esta preocupación que teníamos por esta situación social. El tema de la habilitación es una facultad exclusiva del ejecutivo municipal”.
Asimismo aclaró que en realidad no se trata de una habilitación sino que se trata de recibir el cambio de nombre de la habilitación ya otorgada para que la empresa pueda seguir vendiendo el biocombustible.
En cuanto a la mora que tiene el ingenio con el municipio, López Arias aseguró que la empresa presentó una propuesta de pago de la deuda que tiene con la comuna en la que se tomaba el acuerdo al que había llegado con el ex intendente Nicanor Sosa. Cabe destacar que la concejala Rojas, en la denuncia que hace, explica que el acuerdo al que Sosa había llegado con Seaboard también se encontraba por fuera de la legislación municipal y en el que se estableció montos fijos e irrisorios, pese a que en la ordenanza vigente se establece que la tasa debe ser del 0.043% del balance general. “Habían hecho algunos pagos y después la municipalidad dejó de querer recibir eso, seguramente porque quería discutir los montos”, expuso López Arias.
“Yo asesoré al intendente para que no acepte la propuesta sino que ponga que la recibe para que sea considerada en el Concejo Deliberante”, puntualizó el ministro de gobierno.
Al pedirle su opinión respecto de la suspensión de la concejala, el ministro de derechos humanos y justicia respondió: “No conozco el caso, no tengo idea, ¿cómo voy a opinar de algo que no conozco?”.
"En Hipólito Yrigoyen hay un cuarto poder que es el que ejerce la empresa Seaboard”El diputado por Orán Iván Mizzau fue consultado por el acuerdo al que llegó la empresa SeaboardCorporation con la provincia y el municipio de Hipólito Yrigoyen, en desmedro de la comuna. “Queda claro que en Hipólito Yrigoyen hay un cuarto poder que es el que ejerce la empresa Seaboard”, afirmó el legislador.
“Si hoy sale el ministro López Arias a desmentir esto hay unos mails que llegan al Concejo Deliberante donde queda en evidencia que quien estaba manejando toda la situación es el ministro López Arias en conjunto con el presidente del Concejo Deliberante de Hipólito Yrigoyen (Carlos Gozález)” aseguró Mizzau.
“Quien hoy preside el Concejo Deliberante, en su momento ha ocupado distintos cargos legislativos y ejecutivos en lo que va en su carrera política, desde intendente del mismo municipio a senador, diputado, concejal en distintas oportunidades, tiene muy claro cómo se lleva adelante el ejercicio de su labor. En su paso por estos cargos ha sido muy cercano al Ministro López Arias”, explicó el diputado. “Cabe aclarar que el presidente del Concejo Deliberante, cuando fue intendente, dejó pasar esta deuda”, agregó.
Sobre la deuda que tiene la empresa con el municipio dijo: “Desde la suspensión de la concejala (Lucía Rojas) hemos dejado de manejar información, porque ya se ha enviado la información del municipio y el Concejo Deliberante ha avalado esto. El estimativo, según fuentes extras del municipio, nos manifestaron que era de 40 millones”, y añadió: “El presupuesto de Yrigoyen es de 130 millones aproximadamente, (la deuda) es casi un tercio”.
En
cuanto a la suspensión de la concejala Lucía Rojas explicó: “Más allá que la
hayan suspendido por decirle mentiroso (a otro edil), no se respetaron los
procesos. Según la Carta Orgánica se tendría que haber convocado a una sesión
extraordinaria, se tendría que haber realizado una comisión investigadora y
garantizar el derecho a legítima defensa”
Rojas denunció que los concejales
enviaron a desocupados a apretarla
Lucía Rojas, concejala de Hipólito Yrigoyen que fue suspendida por denunciar irregularidades con la empresa Seabord Corporation, explicó la situación. El ministro Marcelo López Arias negó conocerla.
Rojas manifestó que López Arias se olvidó de que ella le planteó uno de los problemas del municipio, que era la autopista, por lo cual no es cierto que no la conoce. Remarcó que tiene las cadenas de mail que se enviaron entre el ministro y los concejales con el asunto “borrador acuerdo” y luego fueron convocados a la ciudad de Salta, a una reunión donde también estaban presentes directivos de Seabord. “No asistí porque de cierta manera ya sabía que algo sucedía en esta situación, por la deuda que tiene la empresa con el municipio. Me sorprendió mucho la intervención del ministro de esta manera como lo hizo, citándonos de manera informal un viernes para un lunes 22 de abril para formar parte de este acuerdo”, manifestó.
La edil sostuvo que en todas las reuniones que el cuerpo mantuvo con los directivos, se manifestó la inconstitucionalidad de la deuda que el Concejo reclamaba. A pesar de que el intendente, Jorge Gallardo, tiene la facultad de dar la habilitación a la empresa, si o si era necesario el Concejo Deliberante, y ahí se hizo presente la maniobra de la reunión para que se firme el acuerdo ignorando el “monto irrisorio de deuda”. Rojas remarcó que para dar una habilitación, se solicita primero el certificado de libre deuda – de acuerdo al código tributario – pero, en este caso, no fue así.
El Concejo Deliberante, por unanimidad, desaprobó el acuerdo, a pesar de que muchos concejales ya lo habían firmado. Sin embargo, una de las cláusulas estableció que una vez suscripto el siguiente acuerdo, dentro de las 72 horas se entregaba el certificado de habilitación sin injerencia del concejo.
“Me han llegado comentarios de trabajadores, de los desocupados, que los concejales le dicen que me vayan a apretar para que yo firme también el acuerdo porque ya está la plata. Tengo pruebas de ello. Todo lo que salí a denunciar, todo lo que estoy diciendo ahora, marca un grado de irregularidad gravísimo en mi municipio, estoy viviendo una persecución terrible”, finalizó Rojas.
Fuente: Sapo de otro pozo/FM Noticias 88.1 MHz
