El
gobierno de Alberto Fernández dispuso este martes una nueva compensación de
emergencia para los micros de larga distancia, uno de los sectores más
afectados por los efectos de la pandemia de coronavirus Covid-19. Por medio de
la Resolución 34/2021 del ministerio de Transporte publicada hoy en el Boletín
Oficial, el Gobierno definió que las empresas del sector reciban una
compensación de emergencia por 900 millones de pesos.
La
compensación se abonará por única vez en dos cuotas y accederán a ellas
"las empresas que hubiesen dado cumplimiento a la presentación de los
listados de pasajeros".
En la
primera cuota, cuyo monto máximo de afectación será de 450 millones de pesos,
"los valores a transferir se determinarán de acuerdo al índice de
participación de cada empresa sobre el total del parque móvil habilitado",
información que suministrará la Comisión Nacional de Regulación del Transporte
(CNRT).
El pago
de la compensación será además "tenida como pago a cuenta de la
determinación de la compensación que le corresponda a cada operadora, la que se
establecerá en base al personal declarado en los Formularios 931 de la AFIP al
mes de diciembre de 2020, el que deberá ser informado por cada operadora en el
término de 20 días corridos" contados a partir de la entrada en vigencia
de esta resolución.
Para el
pago de la segunda cuota, cuyo monto máximo de afectación será de 450 millones
de pesos "se determinarán los montos que correspondan a cada operadora
tomando en cuenta el personal de afectado a los servicios beneficiarios".
"Asimismo,
la Subsecretaría de Transporte Automotor procederá a contrastar el monto
resultante de aplicar el procedimiento descripto con el percibido por cada empresa
en la primera cuota y practicará los ajustes que correspondan, de manera que el
monto total asignado a cada empresa guarde relación con su personal declarado
ante la AFIP".
Entre
los considerandos de la medida, el ministerio que conduce Mario Meoni recuerda
que "las cámaras representativas del sector manifestaron la imposibilidad
de las empresas de absorber los déficits ocasionados por la pandemia declarada
y la necesidad de realizar esfuerzos para mantener la actividad que conecta a
más de 1800 localidades, constituyendo el servicio básico esencial de
transporte de larga distancia en un país tan extenso, al tiempo que destacaron
que ante la situación emergente de la pandemia declarada en virtud del COVID-19
deviene necesario hacer llegar un pedido urgente de auxilio a las autoridades
nacionales".
Y
consideró que "la situación descripta ameritaba la inmediata intervención
del Estado Nacional con la finalidad de colaborar para obtener la continuidad
laboral en las empresas de transporte por automotor interurbano de pasajeros de
jurisdicción nacional y para preservar las condiciones de conectividad en el
país, así como también para garantizar la movilidad futura de los ciudadanos
nacionales y coadyuvar a la sostenibilidad del sistema de transporte interurbano
de pasajeros".