La misma estableció que las licenciatarias de servicios de telefonía fija podrán incrementar el valor de sus precios minoristas en marzo, y tomando como referencia sus precios vigentes y autorizados en hasta un 5%.
Además, determinó que las licenciatarias de servicios de valor agregado de acceso a internet podrán incrementar el valor de sus precios minoristas tomando como referencia sus precios vigentes y autorizados hasta un 7%, cuando los planes residenciales ofrecen hasta 50 megabits por segundo (Mbps) de velocidad de bajada, y se trata de prestadores con menos de 100.000 accesos.
En tanto que en el caso de prestadores con 100.000 accesos o más, para los planes residenciales que ofrecen hasta 50 Mbps de velocidad de bajada, podrán aumentar hasta un 5%; y para los que ofrecen más de 50 Mbps, lo podrán hacer hasta un 7,5%; la misma proporción que se podrá aplicar en todos los casos para los planes corporativos.
Asimismo, la resolución fijó que las licenciatarias de servicios de radiodifusión por suscripción mediante vínculo físico o radioeléctrico, conocidos como de TV por cable, podrán incrementar el valor de sus precios minoristas para abonos de TV residenciales en cualquiera de sus modalidades (pospaga o prepaga) y tecnologías (analógica, digital, HD, entre otras).
En este segmento, para los planes ofrecidos por prestadores con menos de 100.000 accesos, se podrá incrementar hasta un 7%; para aquellos con 100.000 accesos o más, 5%; y para los paquetes de servicios digitales de señales a demanda y otros adicionales premium, 7,5%.
Se estableció que las licenciatarias de servicios de radiodifusión por suscripción mediante vínculo satelital, DTH o TV satelital podrán incrementar el valor de sus precios minoristas para abonos de TV residenciales en cualquiera de sus modalidades y tecnologías hasta un 5% para planes con menos de 200 canales; hasta 7,5% cuando sean con 200 canales o más y la misma proporción para paquetes de servicios digitales de señales a demanda y otros adicionales premium.
Se determinó en tanto que la Prestación Básica Universal y Obligatoria para el Servicio de Valor Agregado de Acceso a Internet (PBU-I) será en el caso de prestadores con más de 50.000 accesos de un mínimo de 10 megabits por segundo (Mbps) y un valor de $ 800 para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA; y de 5 Mbps y $ 800 para el resto del país.
En el caso de los prestadores que posean entre 2.000 y 50.000 accesos, la PBU-I será de 5 Mbps por $ 800; o el beneficiario podrá optar por acceder al plan de menor velocidad ofrecido por la compañía con un descuento del 30%.
Para prestadores con menos de 2.000 accesos, la Prestación será de 2 Mbps por $ 685.
Estos nuevos valores significan incrementos de 14,28% y 14,16%, respectivamente.
El Enacom remarcó que facilitará “el acceso a Aportes No Reembolsables (ANR) para cambio tecnológico con la finalidad de que el operador cuente con la infraestructura necesaria para brindar los 5 Mbps”.
Además, generará “una instancia de diálogo con aquellos operadores con menos de 2.000 accesos que no puedan ofrecer los 2 Mbps, buscando soluciones puntuales a los casos concretos”.
La PBU se lanzó en diciembre último y tiene el carácter de "obligatoria", con lo cual las empresas deben otorgar estos planes especiales a los beneficiarios contemplados en la norma.
Entre los beneficiarios figuran jubilados y pensionados con remuneración inferior o igual a dos salarios mínimos; trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia con remuneración inferior o igual a dos SMVM, los beneficiarios de las asignaciones universales por Hijo y por Embarazo.
También comprende a quienes perciben pensiones no contributivas con remuneración inferior o igual a dos salarios mínimos, a inscriptos en el monotributo social, así como a trabajadores y trabajadoras monotributistas cuyo ingreso anual mensualizado no supere dos SMVM y seguro de desempleo.
Además, los beneficiarios del Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados de Casas Particulares, usuarios y usuarias que perciban una beca del Programa Progresar, personas desocupadas o en la economía informal, y de programas sociales, en todos los casos incluidos sus hijos de entre 16 y 18 años.
La norma incluye asimismo a los clubes de barrio y de pueblo registrados, asociaciones de bomberos voluntarios registrados, entidades de bien público sin fines de lucro y organizaciones comunitarias sin fines de lucro con reconocimiento municipal.
