DDN. En una extensa audiencia instada por la Unidad Fiscal Salta a fin de cerrar la etapa de investigación y avanzar con el debate, el juez Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas, de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, dio ayer por formalizada la acusación penal y dispuso que avance a juicio un caso por dos hechos de encubrimiento de contrabando, desobediencia a la autoridad y violación a las medidas sanitarias impuestas para “impedir la introducción o propagación de una epidemia” en dos ocasiones. La imputación fue impulsada por la fiscal ad hoc Paula Gallo.
Al exponer el caso, la representante del Ministerio Público Fiscal, asistida por la auxiliar fiscal Vanina Pedrana, resaltó las características de los hechos, la presunta peligrosidad que representan los imputados para la comunidad en la que residen y otras por las que circulan, en el marco de la actividad delictiva imputada. Destacó la facilidad que poseen los acusados para moverse por los pasos de ingreso ilegal al país, pues ambos registran entre 15 y 30 salidas del territorio argentino mientras que, en materia de retorno por un acceso legal, ese número es menor a cinco. Incluso mencionó que, al momento de cometer los dos hechos de encubrimiento de contrabando, legalmente estaban en Bolivia.
También indicó que pese a habérseles permitido cumplir con medidas leves de restricción de la libertad, como el sólo compromiso de estar a derecho con el proceso penal abierto tras ser detenidos por el primer hecho, los acusados fueron nuevamente aprehendidos cuando transportaban otra carga de hojas de coca. A ello sumó que no sólo ocultaron un vehículo, en el que fueron detenidos en el primer hecho, sino que llevaron adelante maniobras que impidieron el decomiso del rodado, otra evidencia de la inconducta procesal.
Gallo también resaltó que ambos hechos fueron cometidos en julio y agosto del año pasado, cuando las autoridades del municipio en que residen, en el norte provincial, habían declarado la imposibilidad de los habitantes de salir de dicha ciudad como medida preventiva para frenar la pandemia de COVID-19.
Los hechos
Al presentar la acusación, la fiscal indicó que el primer hecho se registró el 7 de julio de 2020, cuando los acusados, procedentes de Orán y en una camioneta VW Amarok, detuvieron la marcha ante un control ubicado en el cruce de las rutas 30 y 16, a la altura de la localidad de Joaquín V. González, en el sur de la provincia. Sin descender del vehículo, presentaron la documentación vehicular requerida por la policía, tras lo cual, al advertir que los uniformados se acercaban a la caja de la camioneta, emprendieron una veloz fuga por la ruta hacia el sur.
En respuesta, la fuerza de seguridad alertó a los puestos de control próximos para la detención del rodado.Los ahora imputados evadieron tres controles, acciones que pusieron en riesgo a los uniformados, según la exposición.
Posteriormente, a raíz de un rastrillaje, la policía encontró a los imputados en la localidad de Gaona. Al requisar la camioneta, en tanto, se encontraron 164 kilos de hojas de coca, mercadería valuada en una suma de 1.300.000 pesos.
Por ese hecho, la fiscalía imputó a dos detenidos los delitos de encubrimiento de contrabando, desobediencia a la autoridad y violación de medidas sanitarias impuestas en el marco de la pandemia, establecidas por el artículo 205 de Código Penal.
Posteriormente, el 27 de agosto, los acusados, sobre quienes pesaban medidas de coerción que impedían salir del ejido urbano de la ciudad de Orán, como así también el compromiso de someterse al proceso penal seguido en su contra, fueron atrapados nuevamente cuando transportaban 70 kilos de hojas de coca.
Esto sucedió, según las actuaciones realizadas por el Escuadrón 28 de Julio de Gendarmería Nacional, en un camino alternativo ubicado en terrenos pertenecientes al ingenio El Tabacal, lugar utilizado precisamente para evadir los controles de las fuerzas de seguridad.
En vista de ello, la fiscalía sumó a los acusados otro hecho de encubrimiento de contrabando, como así también una nueva acusación por violación de medidas sanitarias, las cuales, en el caso de Orán, eran muy precisas. “Dada la grave situación que se vivía en dicha ciudad por los efectos de la pandemia, se había decretado para todos los habitantes la prohibición de salir de esa ciudad, situación que no impidió el accionar delictivo de los acusados”, señaló la fiscal.
En este orden, Gallo mencionó que, tras ser detenidos en el primer hecho, y a fin de cumplir con los protocolos sanitarios surgidos por la pandemia, se permitió que los acusados regresaran a Orán en la camioneta VW Amarok; sin embargo, cuando la fuerza de seguridad acudió para su secuestro ya no se la pudo ubicar. “No sólo eso, sino que tiempo después se pudo establecer que la camioneta, registrada a nombre de la ex pareja de uno de los acusados, había sido vendida, con lo cual queda de manifiesto la voluntad de los acusados de no respetar ni cumplir con las medidas dispuestas por la justicia”, resaltó.
Rechazo de la suspensión del proceso a prueba
Este aspecto, entre otros de los ya mencionados por la fiscal, fueron tenidos en cuenta por el juez Rabbi Baldi Cabanillas, quien previo a dar por formalizada la acusación resolvió un planteó de solicitud de aplicación de suspensión de juicio a prueba pretendido por la defensora oficial Gala Poma, en representación de los dos acusados.
Este instituto, cabe mencionar ya había sido planteado por la defensa en una audiencia previa, instancia en que fue rechazado, como así también la impugnación que interpuso la defensora por esa denegatoria, sin que hiciera más planteos, por lo que quedó firme la imposibilidad de volver a requerir dicha salida alternativa.
Pese a ello, en la audiencia de ayer, la defensora volvió a plantear que el caso se resuelva con una suspensión de juicio a prueba, oportunidad en la que la fiscalía se opuso y recordó al magistrado que, si bien las normas establecidas en el Código Procesal Penal Federal (CPPF) permiten el análisis de este instituto, no corresponde avanzar cuando ya fue tratado y denegado.
Asimismo, fundó la decisión de MPF de avanzar con el juicio a los acusados en función de la inconducta procesal evidenciada por ambos, el riesgo que sus actividades significaron para la comunidad en las que ejercieron los ilícitos y los antecedentes.
En coincidencia con estos motivos, el juez decidió rechazar el planteo de la defensa en vista de que ya había sido deducido y no correspondía su nuevo tratamiento. En los mismos términos denegó la impugnación que interpuso la defensora ante esta decisión, tras lo cual Poma adelantó que seguirá el trámite de queja por lo resuelto.
Al margen de ello, y dado que la queja no tiene efectos suspensivos, el juez dio por ratificada la acusación y avanzó con la etapa de presentación de pruebas, en la cual la fiscalía y la defensa debatieron y acodaron las pruebas con la que llegarán a juicio.
BH
