DDN. Aunque las denuncias se hicieron en 2020, se desconocen las actuaciones a nivel judicial. La gerencia del Hospital Juan Domingo Perón tiene preparada la notificación para el inicio del sumario administrativo.
Aborto a cambio de 20 mil pesos o encuentros sexuales. Esa es la síntesis de la denuncia que presentó una profesional de la Salud del Hospital Juan Domingo Perón, de Tartagal, cabecera del departamento San Martín, ante la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género de esa ciudad, registrada el 30 de junio de 2020.
En este caso en particular, la chica a la que un médico especialista en gineco-obstetricia le hizo el “ofrecimiento” tenía 15 años en el momento de los hechos. Luego la profesional denunciante fue acompañada por otras compañeras que habían tomado conocimiento de otro caso de las mismas características con una mujer de 31 años.
Salta/12 tuvo acceso a la nota que presentaron las profesionales en conjunto ante la gerencia del Hospital el 2 de marzo pasado, cuando Juan López estaba a cargo de la institución. Luego hubo un cambio en la gerencia, que ahora quedó a cargo de Santiago Payo.
Anoche este medio pudo confirmar por fuentes hospitalarias que está lista la notificación del pedido de descargo contra el médico acusado del cual, ante el desconocimiento de una imputación concreta por parte del Ministerio Público Fiscal (MPF), se reservará el nombre. La notificación del Hospital no llegó a su destinatario aún debido que el médico denunciado está con licencia por razones de salud y, según las fuentes consultadas, no fue encontrado en su domicilio particular. Este paso es necesario para comenzar con el sumario administrativo.
En la denuncia original se relata que el 7 de julio una chica de 15 años con un embarazo no deseado de tres meses fue atendida en el Centro de Salud Madres de Plaza de Mayo. Durante la consulta la adolescente rompió en llanto y contó a la profesional que la atendió que un médico (que trabaja en el Hospital, pero también en una clínica tartagalense) al que recurrió en su consultorio privado, le había ofrecido interrumpir su embarazo a cambio de 20 mil pesos o “tener sexo con él tres veces por semana”.
La denuncia añade que el médico acusado le hizo un examen físico a la chica, que se presume un abuso, dado que además de tocarla en distintas partes de su cuerpo, dispuso prácticas médicas no indicadas en el contexto clínico. En la nota elevada a la gerencia, las profesionales recuerdan que el “legrado no se recomienda como práctica de interrupción del primer trimestre en nuestra legislación”. La médica que la atendió y escuchó este relato de la adolescente dispuso el tratamiento con misoprostol.
Las profesionales pudieron determinar que la chica sufría también violencia intrafamiliar, por ese motivo volvió a entrar al Hospital y frente a otras profesionales de la Salud ratificó lo ya denunciado por la primera especialista que consultó.
Otro caso
La nota que se elevó a la gerencia indica que el 24 de febrero pasado se atendió a una mujer de 31 años que había sido derivada del sector de Obstetricia. La paciente contó entonces “haber solicitado una interrupción del embarazo” al médico denunciado, en una clínica privada, en enero, cuando cursaba un embarazo de 5 semanas.
El modus operandi del profesional se repitió. Le ofreció realizar la interrupción del embarazo por 20 mil pesos, pero “si tenemos relaciones sexuales, te lo hago gratis”, relató la mujer que le dijo. Igual que en el otro caso, la mujer rechazó la propuesta y ante la vulnerabilidad de la situación en que se encontraba y la falta de información acerca del marco legal vigente sobre interrupción voluntaria del embarazo (IVE), accedió a pagar la suma de dinero solicitada.
Otra vez surgió del relato de prácticas no permitidas al momento de la revisión de la paciente y la disposición de un legrado cuando no es lo enmarcado por la ley, por los protocolos del Ministerio de Salud de la Nación, ni por las recomendaciones de la OMS. Tras el aborto en la parte privada, la paciente ingresó con complicaciones al Hospital de Tartagal, “con fiebre y escalofríos”. Contó que mientras estaba internada el médico denunciado se presentó en su habitación “para realizarle un tacto vaginal sin su consentimiento”.
Un objetor en la parte pública
Las profesionales de la Salud que elevaron la nota a la gerencia, recordaron que “este tipo de prácticas vulneran los derechos de las pacientes ejerciendo múltiples violencias (obstétricas, de género y sexual), y constituyen un delito de acuerdo al marco legal de nuestro país”.
Entendieron que denuncias como estas no pueden ser pasadas por alto, más cuando el denunciado cumple funciones como ginecólogo en el Hospital, “posición institucional que ante la falta de información de las pacientes respecto de las prácticas médicas legales o ilegales, le posibilita ejercer abuso de poder”.
Recordaron asimismo que en el hospital norteño solo dos médicas realizan las IVE mientras que “el resto del personal médico se comporta como objetor de conciencia”, entre los cuales se encuentra el denunciado. Y recordaron también que “es un delito según las normativas vigentes que el doctor practique interrupciones en la parte privada y no las garantice en público”. En la nota reseñaron que gran parte de la comunidad del Hospital, y de Tartagal, conoce de las prácticas realizadas por el médico denunciado.
Fuente: Salta 12
MP
