DDN. La fiscala penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 5, la elevación a juicio de la causa que tiene a tres efectivos policiales acusados de los delitos de vejaciones calificadas por el uso de la violencia y lesiones graves, en concurso ideal.
Las imputaciones recayeron sobre el suboficial mayor Marcos Andrés Singh, el sargento ayudante Cristian Heriberto Guanca y el agente Darío Alejandro Delgado.
Del requerimiento se desprendió que el 15 de marzo de 2019, cerca de las 13, los efectivos policiales patrullaban a bordo del móvil a cargo del suboficial mayor Marcos Singh por inmediaciones de barrio Boulogne Sur Mer de la zona sudeste de la ciudad de Salta, e interceptaron a la víctima, quien estaba en la vereda consumiendo bebidas alcohólicas.
Ante tal circunstancia, los efectivos lo subieron de forma violenta al móvil policial y lo trasladaron al Sector 6 A de barrio Democracia, donde una vez allí, lo golpearon brutalmente y le causaron lesiones graves.
Tales actos constituyeron un claro exceso en el uso de la fuerza por parte de los acusados, pues al encontrarse la víctima en estado de ebriedad, sus posibilidades de defensa, sumado a la superioridad en número de los efectivos policiales que acometieron contra su integridad física, resultaron de tal magnitud que le causaron una perforación en el intestino delgado y que, por dicho cuadro, corrió riesgo de vida, conforme lo sostenido en el informe médico realizado por el CIF.
Las lesiones resultaron además compatibles con las manifestaciones de la víctima y de un testigo que estaba detenido el día de los hechos, quien pudo observar como la víctima fue brutalmente golpeada por los efectivos policiales; además de otros testimonios.
En sus fundamentos, la fiscala penal Verónica Simesen de Bielke, sostuvo que los imputados, en ejercicio de la función policial, propinaron golpes al denunciante, lo que resultó reprochable penalmente, ya que son los funcionarios policiales quienes deben velar por la seguridad de los ciudadanos.
Además, conforme surge del reglamento policial para el uso de la fuerza pública, su uso se encuentra regido por una serie principios; entre ellos, la “racionalidad”, por lo que debe estar justificado por circunstancias específicas y acordes a la situación, por lo que a todas luces resulta irrazonable la golpiza propinada a una persona que habría cometido una contravención.
BH
