DDN. Rodrigo Erazo Schmidt, fiscal Civil, Comercial, del Trabajo y en lo Contencioso Administrativo Nº 1, habló sobre la solicitud de la suspensión provisoria de la actividad industrial de Lauju SRL, luego que el CIF confirmara la presencia de metales pesados en los efluentes vertidos por la curtiembre en Atocha.
El Departamento Técnico Científico del Área Ambiente del Cuerpo de Investigaciones Fiscales confirmó que “los efluentes vertidos sobre el curso de agua (arroyo Isasmendi) poseen, en su composición química, metales pesados tales como Cromo, Cobre y Manganeso. Asimismo, el efluente analizado en el punto de vuelco detectado sobre el arroyo Isasmendi posee las mismas especies químicas (Cromo, Cobre y Manganeso) que las encontradas en la pileta de tratamiento de la firma Lauju.
El informe del CIF también señala que “el valor obtenido para el parámetro de DQO supera ampliamente lo establecido en la normativa legal (resolución Nº 011/01SEMADES para volcamiento de efluentes líquidos a cuerpos de agua superficiales)”.
Ante esto, el fiscal Civil, Comercial, del Trabajo y en lo Contencioso Administrativo Nº 1 solicitó al Juzgado Civil y Comercial la suspensión provisoria de la actividad industrial que realiza la firma Lauju SRL (ex Jamo), en un inmueble de Atocha, en el municipio de San Lorenzo, en el marco de una acción de amparo presentada ante el juez Marcelo Domínguez.
“El amparo se inició como consecuencia de dos actuaciones, que se plantean paralelamente. La actuación en el ámbito de la secretaría de medio ambiente, que actúa como autoridad de aplicación de la ley 7.070, y paralelamente, una acción que se llevó a cabo en el ámbito de la Procuración General”, explicó el fiscal. “No se trata de impedir el desarrollo de esta industria, ni ninguna otra, sino de exigir una gestión ambiental adecuada y sustentable”, aclaró.
“Se le pidió a la empresa que presente el certificado de aptitud ambiental y un plan de gestión de efluentes”, dijo Erazo Schmidt y acotó que, en general, por los productos utilizados, las curtiembres realizan una actividad altamente contaminante.
Asimismo, el fiscal explicó que el problema es de larga data y que desde la procuración se instó a la administración pública a llevar las acciones pertinentes ya que el poder de policía ambiental es de la secretaría de medioambiente.
“Se hizo esta acción de amparo porque la empresa no cumplía, había una omisión importante e ilegal”, dijo y añadió: “La acción se presentó el 1 de junio y se le dio a la empresa 10 días hábiles, que ya se estarían venciendo, con las horas de gracia, mañana. Pero en ese interin el CIF compróbó que los efluentes que son depositados en los piletones de la empresa son vertidos al arroyo Isasmendi y que esos efluentes contienen, efectivamente, metales pesados”.
La empresa tiene hasta mañana para presentar un informe circunstanciado y acompañar toda la prueba documental de la que intenten valerse para demostrar que no contaminan.
“También, paralelamente a las actuaciones judiciales y administrativas, se está tramitando una actuación penal en la Unidad Fiscal Contravencional que se inició por la denuncia de vecinos”, añadió el fiscal.
“Que el Ministerio Público Fiscal inicie un juicio es el último recurso”, destacó Schmidt y aclaró que se hicieron múltiples pedidos, tanto administrativo como judiciales, para que la empresa presente los informes pertinentes.
Fuente: Algo Personal-FM Noticias 88.1 MHz.
NF
