DDN. La imputada es propietaria de dos departamentos ubicados en calle Buenos Aires al 100 y, a la vez, alquilaba otros inmuebles por cortos periodos de tiempo. A partir de una investigación realizada por el Departamento de Trata de Personas se pudo comprobar que en estos lugares se ejercía la prostitución.
La pesquisa se inició a partir de la denuncia de una mujer que posee departamentos en el mismo edificio donde Calvo alquilaba los suyos.
La denunciante refirió que turistas a quienes ella les había alquilado sus inmuebles se habían quejado por ruidos molestos y que en las cámaras de seguridad se advertía el permanente ingreso de personas extrañas al edificio, incluso a altas horas de la noche y a la madrugada.
La investigación incluyó la intervención de teléfonos utilizados por la acusada. Se logró determinar que Calvo se comunicaba con chicas de Jujuy que venían a Salta a prostituirse. Les alquilaba los departamentos por día o por semana.
En las sábanas de llamadas se detectaron además números frecuentes publicados en páginas de internet donde se ofrecían servicios sexuales.
Se realizaron allanamientos en los que se secuestraron celulares, varias cajas de preservativos, geles íntimos, juguetes sexuales y tarjetas con la inscripción “masajista vip”.
De la investigación surgió que la imputada sabía acerca de la actividad que desarrollaban las personas que le alquilaban los departamentos. Incluso las alertaba solicitándoles que fueran discretas y les sugería horarios de atención para evitar llamar la atención.
Calvo fue condenada en un juicio llevado a cabo en la Sala V, presidido por la jueza Gabriela Romero Nayar.
La magistrada ordenó que la imputada cumpla la condena dictada con modalidad de prisión domiciliaria debido a que tiene un hijo menor y ella es la única encargada de su crianza y sustento. Dispuso además que se le asigne consigna policial fija en el domicilio donde cumplirá la condena hasta tanto se le coloque el dispositivo de la Unidad del Arresto Domiciliario por Monitoreo Electrónico (UADME).
La jueza ordenó finalmente la extracción de muestras de ADN de la acusada, para su inscripción en el Banco de Datos Genéticos.
NF
