DDN. La
abogada Patricia Aguirre es integrante del Cuerpo de Abogadas y Abogados para
Víctimas de Violencia de Género de la Nación desde hace dos años y fue quien logró,
en febrero de 2020, que la consigna policial sea asignada para custodiar al
agresor de su defendida. Tras aprobarse en diputados una modificación a Ley N°
7.888 de Protección contra la Violencia de Género, que establece la
obligatoriedad de esta disposición, Aguirre lo celebró y denunció que desde la
fuerza se suele enviar “de castigo” a cumplir esta tarea a efectivos
denunciados por violencia.
Sobre la medida lograda el año pasado, que “busca
poner la consigna policial sobre la persona peligrosa, en este caso el agresor”,
explicó que “no tenemos por qué invadir la intimidad de una mujer que tiene que
trasladarse a su trabajo con la consigna, tiene que ir a la escuela con la
consigna. “Muchas mujeres han perdido su puesto de trabajo porque la patronal
no quiere que vaya con un policía”, denunció.
Aguirre recordó que desde hace más de diez años se
dedica al área de violencia de género y aseguró: “He sacado a muchísimas
mujeres de la provincia que hemos denunciado, justamente, que la consigna
policial las quería amedrentar, las quería seducir o las quería abusar. A todo
eso lo vengo diciendo en los medios hace muchos años. Hay casos sumamente
graves, pero la gravedad, el riesgo y el peligro lo producen el agresor, en
donde sí es necesario que tengamos a la víctima protegida, pero al agresor
protegido”.
“El agresor es el que amenaza, el agresor es el
que está esperando el momento para agredir, para abusar”, continuó la abogada, quien
también advirtió que “la consigna policial, a veces, es cómplice del violento”,
y amplió: “Lo sé por los dichos de la asistida y lo digo con total compromiso
porque las fuerzas policiales lo saben. De castigo, la fuerza policial manda, a
quienes tienen denuncias por violencia de género, a cumplir consigna policial
con las mujeres que denuncian violencia familiar o violencia de género. Esto lo
sabemos de la boca de las víctimas”.
Frente a este panorama, remarcó que “la responsabilidad
por la vida y la integridad la tiene el Estado argentino, en este caso estos
funcionarios”, y agregó: “Los operadores de justicia del Poder Judicial de
Salta empezaron a utilizarla- la consigna al agresor- porque vieron que era una
medida de protección. Pero, si ahora están diciendo que no hay personal policial
por la cantidad de consignas, yo insto al nuevo Ministro de Seguridad a que el
principio general sea que la consigna policial vaya al agresor, porque nosotros
tenemos que mantener vigilados a los peligrosos, a quienes están atentando
contra la integridad de las mujeres”.
Retomando el caso reciente del efectivo policial
que abusó de la mujer a quien debía proteger, subrayó: “Esta no es una cuestión
que va saliendo de casualidad, a esto ya lo venimos sabiendo, yo lo vengo
diciendo, lo vengo manifestando. Acá el Estado está haciendo vista gorda, no se
quiere involucrar. Aplaudo que esta medida, que logré el año pasado, haya sido
canalizada por algunas legisladoras y lo hayan presentado como un proyecto de
ley, y que hoy forme parte de una de las medidas que pueden implementar”.
En este punto, la abogada aclaró que “lo que no
existe en el derecho, se tiene que exigir codificado porque, sino, existen
muchísimos magistrados que ponen freno o que no hacen lugar, y es lamentable, es
todo un sistema patriarcal”. “Es lo mismo que poner al zorro cuidando al
gallinero- aseveró-. No podemos poner el ojo sobre la víctima porque, en este
sistema, la víctima es la que tiene que tener psicólogo, la víctima es la que
tiene que dar cuenta de sus actos, la víctima tiene que estar vigilada,
humillada en su vecindario, en su lugar de trabajo, en su lugar de estudio”.
En referencia al femicidio ocurrido en Coronel Moldes,
consideró que “si hubiesen puesto la consigna policial sobre el femicida, no
estaríamos lamentando la muerte de esta chica de 17 años, una niña”. Así las
cosas, la abogada, penalista y especialista en derechos de las mujeres, destacó
la importancia de que el derecho penal con perspectiva de género, señalando que
“nos hace ver la desigualdad estructural que existe”.
Justamente, cuestionó que “ahora van a salir los
abogados defensores diciendo no porque estamos violando el principio de
inocencia”, y reflexionó al respecto: “¿De qué inocencia podemos hablar si esta
‘inocencia’ del agresor que hostiga, que amenaza de muerte, que la golpeó, que
la desfiguró a la mujer, y todavía no está siendo juzgado? Hasta que lleguemos
a un proceso, elevemos a juicio la causa, y condenarlo, hasta eso nos mataron
trece mujeres en lo que va del año, acá en la provincia”.
Insistió respecto a su confianza en la designación
de Abel Cornejo al frente del Ministerio de Seguridad, y agregó: “Tenemos casos
en donde hay cinco, diez denuncias de amenazas. El agresor desobedece las
medidas cautelares que impone la justicia. Esa desobediencia nos muestra grado
de un peligro, un riesgo elevado. En el caso de esta chica de Coronel Moldes,
hizo solamente una denuncia ¿Cómo puede ser que con una denuncia no se activen
todos los mecanismos? Porque no sabemos cuál es la peligrosidad del agresor. Es
una cuestión azarosa, peor no es azarosa para el Estado argentino y el Estado
salteño”.
Para la abogada, “hay algo que tenemos que empezar
a poner en el tapete”, e hizo énfasis en la falta de un presupuesto acorde que
permita garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. “No hay botones
antipánico, el personal policial que tiene que estar cumpliendo una consigna no
la cumple porque dicen que no tienen personal. Entonces, van a la víctima y le
hacen firmar, forzosamente, una planilla dejando constancia de una consigna que
nunca han cumplido. Desde el 2014 la provincia de Salta ha declarado la emergencia
social en materia de violencia de género. ¿Qué grado de seriedad tiene esa
medida si, en vez de disminuir los casos, los femicidios, se van incrementando?”,
analizó.
Sobre el final, y si bien destacó la aprobación de
la medida en la Legislatura provincial, observó: “Las legisladoras continúan
reproduciendo la violencia machista, invisibilizando a quiénes, desde el
territorio, y con los casos concretos, vamos logrando medidas. Creo que las
legisladoras, para poder hablar a ciencia cierta de luchar contra la violencia
de género, tienen que empezar por ellas mismas a ser sororas, a respetar el
derecho intelectual de cada una, en este caso mío. Además, es la manera de no
seguir reproduciendo esta violencia patriarcal. Es lamentable ver cómo esta
diputada Silvia Varg y la senadora reproducen la violencia machista con
quienes, día a día, desde el territorio, luchamos por proteger la vida, la
integridad y la libertad de todas las mujeres de la sociedad”.
Fuente: Somos Tierra – FM Noticias 88.1 MHz.
BH