DDN. La primera jornada del juicio oral y público que en el Tribunal en lo Federal Criminal 1 de Salta se sigue contra siete hombres acusados de integrar una organización criminal dedicada al narcotráfico y al lavado de activos, expuso variada información sobre los contactos del clan Castedo en el mundo de la política provincial, la Justicia y el Ministerio Público Fiscal de Salta, el exjuez federal de Orán y hasta un comisario que cumplía funciones en el extremo norte de la provincia.
La periodista Elena Corvalán indicó que el resumen de la requisitoria a la que se dio lectura “es abrumador” porque da cuenta de cómo los Castedo han accedido siempre a información privilegiada, lo cual es evidencia de que tienen vínculos dentro del poder judicial y político.
La comunicadora agregó que las escuchas telefónicas que se revelan en el resumen en el inicio del juicio del clan Castedo, son de 2016, cuando Cornejo era juez de Corte y presidente del Consejo de la Magistratura, que es el que termina haciendo el pedido de jury al fiscal Cazón.
Recordó que en el año 2006, cuando sucedió el asesinato de la pequeña productora Liliana Ledesma, Abel Cornejo era juez federal.
Mencionó también que hay parientes del senador Mashur Lapad condenados en la causa y de quienes se afirma que no podrían haber llevado adelante maniobras narcocriminales sin cierto apoyo del hermano que está en la política y una hermana que está en el Ministerio Público. “Esto también es preocupante, no digo que Mashur Lapad se dedique al narcotráfico, pero cuando su hermano necesitó ayuda se ve que se la ha dado y eso el fiscal lo ha señalado reiteradas veces”, señaló.
Y agregó: “Para mí fue una sorpresa, fui a hacer la cobertura del inicio del juicio, que es una megacausa porque tiene más de 200 testigos y muchos ribetes… por un lado se ofrece el expediente del crimen de Liliana Ledesma y el de Reynoso y los que estuvieron implicados en la investigación que llegó a juicio y que ya fueron condenados”.
Para Corvalán, “no cabe duda de que las organizaciones narcocriminales suelen superar los recursos represivos de los Estados. Es casi imposible para un Estado comparar el poder de convicción que tienen las organizaciones narcocriminales”.
Revelaciones de la acusación fiscal en juicio por narcotráfico
El primer jefe fue el ex diputado Ernesto Aparicio, a cuya muerte lo sucedió Delfín Castedo. El clan presionaba a un fiscal con sus contactos en la Procuración General y en la Corte de Justicia de Salta y pagó coimas a un comisario y al ex juez federal Raúl Reynoso.
También ratificó que para llevar a cabo estas principales actividades la banda cometió otros delitos, como falsificación de documentos, infracción a la ley de fronteras, portación de armas, amenazas y hasta homicidios. Entre las revelaciones, se supo que presionaban al fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón, para que ejecutara un desalojo, o de lo contrario iban a iniciarle un jury de enjuiciamiento para destituirlo valiéndose de sus contactos con Abel Cornejo y otros miembros de la Corte de Justicia. Cornejo integró el máximo tribunal provincial y luego fue procurador general de la provincia hasta esta semana, en la que asumió en el Ministerio de Seguridad de Salta.
Delfín Reynaldo Castedo, su hermano Raúl Amadeo "Hula" Castedo, su ex pareja Melba del Carmen Araujo, los hermanos Alberto Yudi y Luis Yudi y Mario Alberto Yudi, hijo del primero, y el martillero público Eduardo Torino están siendo juzgados como integrantes de esta asociación ilícita que operó en Salta y Buenos al menos desde el 26 de noviembre de 1999.
Delfín Castedo está acusado de ser el jefe de la asociación. "Esta organización fue integrada en sus orígenes por Ernesto José Aparicio, quien fue el jefe hasta el día de su deceso ocurrido el 10 de noviembre de 2013, luego de lo cual pasó a ser liderada por Delfín Reynaldo Castedo", reseña el requerimiento de elevación a juicio, del que el fiscal general Carlos Amad y la auxiliar Mariana Gamba Cremaschi presentaron un resumen para el debate.
El vínculo de esta banda con la política a través de Aparicio, que entonces era diputado provincial, fue público desde 2006, cuando lo denunciaron Liliana Ledesma y Sergio Rojas, integrantes de una asociación de pequeños productores de la zona de la frontera. Pero hasta ahora no estaba clara la sucesión en la jefatura. Ledesma fue asesinada el 21 de septiembre de 2006 en un hecho por cuya autoría intelectual están procesados Delfín y Raúl Castedo.
Para la Fiscalía, este crimen "no era un caso aislado", sino parte de una forma de actuar, que se evidenció también en conflictos territoriales en las fincas El Pajeal, que era de propiedad de Aparicio pero en la que Delfín Castedo se manejaba como dueño, y El Aybal, de propiedad de este último, que colindan entre sí y están en la zona de frontera con Bolivia. La organización criminal "las utilizaba como una verdadera 'aduana privada' para la comisión de maniobras de tráfico de estupefacientes, actividad que incluso se verificó luego de la detención de su líder", en julio de 2016.
Liliana Ledesma denunciaba también que Aparicio había mandado matar a su marido, el ciudadano boliviano Gilberto Villagómez, que tenía antecedentes por narcotráfico.
Los Yudi están acusados en calidad de miembros de la asociación ilícita, igual que Hula Castedo, "mano derecha" de su hermano. A Torino y Araujo la Fiscalía les atribuye haber realizado sobre todo acciones de lavado de activos, y en el caso de la mujer, participó de al menos un traslado de cocaína, 180 kilos en este caso.
Jurys, y yapas
Las otras revelaciones de la acusación fiscal provienen de las escuchas telefónicas y "tareas de campo" en la investigación, sobre todo en el análisis de las comunicaciones entre Delfín Castedo y Torino.
La Fiscalía sostuvo que en la administración de la finca El Aybal, Torino "realizaba actos de apariencia legal" como impulsar demandas judiciales o denuncias contra los ocupantes de ese territorio; así como la contratación de personal para hacer trabajos en el campo. Y también reallizaba otros actos "de carácter ilegal" como el pago de sobornos a un comisario de apellido González y "presiones indebidas y/o amenazas a personal judicial provincial", y el posible uso de fondos espurios para estas acciones y para la administración de la finca, "así como el pago de honorarios o gastos de abogados que actuaron en el expediente de reivindicación contra Pilar Rojas (siendo estos María Cecilia Cruz y Alberto Raymundo Sosa, al menos entre el 2010 al 2016)".
Las conversaciones entre el capo narco y el martillero público referidas al desalojo de Pilar Rojas (padre de Sergio Rojas) aportan datos de interés. En una Torino contó del enojo del fiscal Cazón, que intervenía en una denuncia contra el pequeño productor ganadero. “Está Cazón hoy día de nuevo, ya han hablado recién, cagado de odio Cazón porque nosotros hemos ido a la Procuración ayer”, detalló, además le avisó a Castedo que González “tiene que hacer un informe para que Cazón le dé la orden para ir a sacarlo al viejo, así que esa es la idea, así que estamos a la espera, estamos movimiento todas las influencias habidas y por haber”. Castedo le preguntó si había hablado con Cazón, y el martillero respondió que lo había hecho la abogada.
Torino también le informó que el comisario “me ha pidió que si lo podemos yapar”, Y Castedo: “no hay problema, pero decile que le ponga ganas”.
Por otro lado, Torino estaba en contacto con el encargado de El Pajeal, Ricardo Erva. En otra escucha, el abogado Raymundo Sosa le dijo a Torino que necesitaba hablar con Delfín Castedo y le preguntó si había alguna manera de que “vos le mandés un mensaje diciéndole que yo necesito que me llamen”. Torino respondió que se podía hacer, a través de Erva. La Fiscalía destacó que esa conversación se mantuvo cuando Castedo estaba prófugo. Luego Torino se comunicó con Castedo y le informó de esa conversación con Sosa, "ahí el cabeza blanca necesita, dice, que lo hables sí o sí hoy día”, y le comentó que ambos abogados le dijeron que "hasta que no tengan posesión de la finca mal pueden disponer de nada".
En otro llamado a Torino una persona que la investigación no pudo identificar le avisó que el fiscal Cazón le dijo que "ese mismo día está sacando la orden para presentarla en el juzgado de garantías para que al día siguiente a la mañana salga la orden de desalojo” de Rojas. Luego tomó la comunicación un tal Ricardo (se presume que es Erva) y le ordenó: “Apenas desalojen hay que sacar todas las pertenencias del viejo que estén en los ranchos... y desaparecer todo”. Después le dijo que habló con González y que "le van a 'yapar' 5 mil más... pero después de que hagan el operativo al día siguiente”.
En otra comunicación registrada en julio de 2016 Castedo le refirió a Torino que "(Riki) dice que el fiscal se hace el pícaro". Luego de comentarle los trámites que venían realizando para lograr el desalojo, Torino habló del fiscal: "medio pijotero el Cazón ese” y le anunció: “Ya va a cagar porque... vamos echar leña al fuego para el jury... ya va a ver se va a hacer el pícaro, este ya le queda poco”.
La Fiscalía sumó otra conversación, ahora entre Torino y González. El comisario le contó que Cazón le pidió "un informe de intimación para que salga más rápido la orden de desalojo, aclara que el informe es sobre que Pilar Rojas no acató desalojar el lugar”. Y tras explicar que ya la orden de desalojo fue dada por el Juzgado de Garantías interviniente, de Nelso Aramayo, Torino respondió: “ahora es el fiscal quien debe sacarlo porque se ha metido como usurpación". Y terminó ordenándole al comisario: “Decile a Cazón que no se haga el pelotudo porque yo le voy a meter una demanda acá no... él lo está apañando... así decile mirá Torino es muy amigo de Cornejo y de los amigos de la Corte y no te va a favorecer en nada tu situación... si vos lo dormís al expediente, si lo desalojás esta semana él va a pechar para que vos sigás y listo”.
Para la Fiscalía, "De los diálogos de Torino con el Comisario González surge que éste debía transmitir las presiones al fiscal Cazón, actuante en la causa penal de desalojo contra Rojas, para que hiciera lo que le pedían (los de la asociación ilícita) o si no éstos activarían la influencia que tenían sobre la cabeza del sistema de justicia local (al referir a “Cornejo” y “los amigos de la Corte”), para luego informarle a Castedo, que la demora ocasionada por Cazón, “le costará un jury”.
La Fiscalía también recordó que Castedo habría sobornado al ex juez federal Raúl Reynoso para que lo hiciera figurar como prestando una declaración indagatoria y luego otorogarle la exención de prisión.
Información privilegiada
El primero de julio de 2016, mes y año en que iba a ser detenido, Delfín Castedo se comunicó con Torino para advertirle que se había enterado de la existencia de una investigación para determinar quién era el dueño de El Aybal, y que el comisario González tenía el teléfono intervenido. Torino respondió confirmando que ya sabía lo de las escuchas al “comisario, Rafael y el de Riki también”.
"De ello se puede inferir que Castedo tenía en su poder las copias de una denuncia que se habría presentado en el Juzgado Federal de Orán contra la organización ilícita, y que se las haría llegar a Torino", sostuvo la Fiscalía, y recordó "la influencia que aún hoy sigue ejerciendo esta organización criminal como para conseguir información privilegiada de la justicia federal". De hecho, en su acusación la Fiscalía puso de resalto que luego de detenido Castedo siguió dirigiendo las cuestiones de la finca, y las actividades de narcotráfico.
En otra llamada Castedo detalló a Torino que la investigación se había abierto a partir de una denuncia presentada por "el hijo de Pilar" en el Ministerio Público Federal, y terminó ordenando: “Hagan lo que hagan tiene que desalojar sí o sí”.
La Fiscalía también concluyó en que estos diálogos "permiten evidenciar que dentro de la organización criminal, Torino ocupaba una posición esencial para Castedo, no operaba como un mero gestor o simple testaferro, o intermediario, sino por el contrario, su rol estaba vinculado al manejo de las fincas, y la administración particularmente del Aybal", incluso cuando el capo narco estaba prófugo por el homicidio de Ledesma y por hechos de narcotráfico.
Torino declaró ayer. "Niego terminantemente haber participado (de una asociación ilícita) o haber cometido un acto ilícito", afirmó. Trató de explicar las escuchas telefónicas en un contexto de acciones legales, y se mostró como un hombre trabajador, aunque reconoció que se vio implicado en la venta de la finca El Aybal.
Si bien reconoció que conoce a Delfín Castedo, trató de mostrase lejos de él. Sin embargo, terminó admitiendo que debió, con ayuda de un escribano, realizar una operatoria para simular la venta, en la cual quedó como propietario real de la propiedad.
Fuente: Sapo de otro pozo-FM Noticias 88.1 Mhz.
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