Hace un año el presidente Alberto Fernández promulgaba la Ley 27. 610, de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), hecho que marcó un precedente en el acceso a la salud de mujeres y personas del colectivo LGBTI+ de Argentina. Desde que se empezó a implementar, se tuvo en claro la necesidad de reforzar el sistema de salud, ampliar los mecanismos para acceder a la información, y, sobre todo, hacer frente a las acciones judiciales que surgieron.
Un caso puntual es lo ocurrido en Salta con la médica Miranda Ruiz, que ejerce la medicina en la ciudad de Tartagal, en el departamento San Martín, y que actualmente está imputada por garantizar el derecho a una ILE en agosto del año pasado. Un amplio arco viene reclamando su sobreseimiento en todo el territorio nacional, ya sea desde el propio Gobierno nacional como de las organizaciones feministas.
Precisamente, al cumplirse un año de vigencia de la Ley 27.610, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, sostuvo que hay una persecución y criminalización contra la profesional y calificó el caso como "paradigmático", dado que se evidenció la intención de "disciplinamiento a los profesionales de la salud" que cumplen con la Ley.
Gómez Alcorta, que es también abogada penalista, contó que cuando se enteró del caso notó los desmanejos procesales que se dieron. "El simple hecho de que haya sido detenida por una imputación inicial es algo irracional" y "que no se puede justificar por medio del derecho de ninguna manera", afirmó. Por eso insistió en que lo sucedido con Ruiz "ocupa un lugar importante de disciplinamiento, sobre todo, para grupos reaccionarios".
A fines de noviembre el fiscal penal Gonzalo Ariel Vega amplió la imputación contra Ruiz y la acusó de haber realizado el aborto sin consentimiento de la gestante.
Desde que el aborto legal empezó ganó visibilidad pública en 2018, cuando se logró que fuera tratado por primera vez en el Congreso Nacional, las acciones de los grupos antiderechos estuvieron al orden del día. Con su aprobación, la situación no cambió y se apeló al recurso de la Justicia para intentar declarar su inconstitucionalidad.
La Ministra detalló que actualmente hay 35 acciones judiciales en contra de la Ley. Precisamente, Salta fue una de las primeras provincias en donde se presentó un recurso colectivo en su contra. Sin embargo, a fines de enero del año pasado, el titular del Juzgado Federal Nº 1 de Salta, Julio Leonardo Bavio, habilitó la feria judicial para rechazar el recurso colectivo interpuesto, entre otros, por la ex senadora nacional María Cristina Fiore Viñuales, que buscaba suspender la vigencia de la norma.
Gómez Alcorta dijo que en todas las acciones presentadas "el Gobierno nacional contestó y ninguna prosperó. Eso es importante porque nos permite saber que no hay interrupciones en la aplicación de la Ley".
Aun así, sostuvo que "todavía pesa el acceso al derecho", pues persiste la estigmatización del aborto, tanto para quienes intentan acceder a la práctica como para quienes intentan hacerla cumplir. Pero que con la 27.610 el aborto "pasó de ser un delito a un derecho que debe cumplirse", afirmó.
La Ministra insistió en que, en este primer año de aborto legal, las acciones judiciales no impidieron que se cumpla la Ley, que se enmarca dentro de lo establecido en la Constitución Nacional. "Es un primer año sin traspié, a pesar de que hay dos causas que llegaron a la Corte, pero sabemos que la Corte va a fallar a favor por la constitucionalidad de la norma", manifestó.
Balance positivo
Según datos ofrecidos por el Ministerio de Salud Pública de la Nación, desde la aplicación de la 27.610, fueron notificadas 32.758 interrupciones del embarazo, lo que incluye las interrupciones legales (ILE) y voluntarias (IVE).
Aun así, Gómez Alcorta aclaró que se trata de números que llegaron a la cartera que dirige Carla Vizzotti, pero restan otros tantos que aún no han sido informados puesto que las prácticas no son eventos que necesariamente tengan que ser informados. Este medio consultó al Ministerio de Salud Pública de Salta sobre las prácticas que se llevaron adelante en la provincia, pero se indicó que aún no tienen el dato concreto.
La ministra también dijo que también falta informar las interrupciones que se realizaron a través de las obras sociales y las prepagas. "Además hay que informar que muchas mujeres llevan adelante la práctica de modo autogestivo", indicó. A lo que sumó el dato que difundieron desde Socorristas en Red: 7.500 interrupciones. Las Socorristas, acompañan a mujeres y a otras personas con posibilidad de gestar, para que lleven adelante las interrupciones de manera segura y cuidada.
"Lo que sí está claro es que aún con problemas y obstáculos, efectivamente las prácticas se han llevado adelante en todo el país", precisó.
En ese sentido, la ministra aseguró que el balance es positivo desde la conquista del nuevo derecho, dado que "durante todo el año se accedió a la práctica del aborto". Si bien, resaltó que hubo diferencias en las provincias, como la cantidad de lugares para garantizar el acceso, lo cierto es que "en todas las provincias se pudo acceder al derecho".
Destacó asimismo el trabajo que llevó adelante la cartera que dirige Carla Vizzotti, al que calificó "de hormiga", ya que a comienzos de 2020 existían sólo 903 centros de salud que garantizaban la interrupción del embarazo (IVE/ILE) y a finales de diciembre del año pasado ese número pasó a 1.243 en todo el país.
"Se dio un crecimiento de más del 30%", subrayó Gómez Alcorta. De esta manera se llegó a lugares donde antes no se podía acceder al aborto, como pasaba con las marcadas diferencias geográficas que obligaban a que un número importante de mujeres deban trasladarse a otros centros de salud fuera de sus localidades.
En el caso de Salta, el Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVcM) de la provincia, dio a conocer un monitoreo en relación a las acciones implementadas para garantizar el acceso a las interrupciones. Indicó que sólo 8 de los 64 centros de salud de primer nivel de atención garantizan la IVE/ILE. Mientras que la cantidad de profesionales no objetores es escasa, ya que contabilizaron sólo 8, que además no lo hacen de manera exclusiva, sino que suman esta tarea a las atenciones médicas regulares.
El OVcM también señaló que, de enero a junio de 2021, a través de línea nacional de Salud Sexual (0-800-222-3444), se asistieron 1.948 solicitudes de personas requiriendo IVE o ILE. De las 1.948, 59 consultas fueron resueltas pasando el plazo que estipula la normativa, es decir los 10 días, impidiendo acceder al derecho. Además, dijeron que de los 644 pedidos de interrupción voluntaria (IVE), el 57% de las prácticas corresponde a la franja de 21 a 30 años.
La ministra dijo que "falta información" y que este año se trabajará fuertemente en la difusión de la Ley, a través de campañas en general. Además, se pretende "seguir ampliando la red de centros de salud públicos y la red de derivación". En este caso, si una mujer quiere acceder a la práctica, es preciso que la institución sanitaria garantice que efectivamente se llevará adelante.
En acción
Por otro lado, Gómez Alcorta informó que el año pasado se distribuyeron 46.283 tratamientos de misoprostol en todo el país. En 2020 fueron 18.560. La ministra contó que, en un primer momento de la aplicación de la Ley, las prepagas y las obras sociales decían que la práctica no se cubría, luego se decía que no era gratuita. Dijo que por eso trabajan con la línea de Defensa del Consumidor y la Superintendencia de Servicios de Salud para revisar estos problemas.
También se diseñaron herramientas que permiten una atención de calidad. Entre las acciones ya en funcionamiento está, en un primer lugar, el Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción voluntaria y legal del embarazo. Le siguieron el desarrollo del Protocolo de atención posaborto, el Protocolo de atención a víctimas de violaciones sexuales, y la Consejería en derechos a niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual y embarazo forzado.
Además, se informó que se llevó adelante una capacitación federal especializada en contenidos técnicos y legales, en el que 904 profesionales se formaron en la Ley 27.610, en edades y consentimiento para el acceso a la IVE/ILE, tratamiento con medicamentos y con Aspiración Manual Endouterina (AMEU).
Y se realizaron 57 asistencias técnicas a los equipos de salud provinciales para que lleven adelante las interrupciones del embarazo. Además, mediante el programa SUMAR se financiaron prestaciones de interrupción del embarazo y atención posaborto en todas las jurisdicciones del país.
Se agregó el trabajo en el fortalecimiento de la Educación Sexual Integral (ESI) para la prevención del embarazo no intencional en adolescentes. Y la implementación de acciones federales de acceso a métodos anticonceptivos gratuitos, pues se distribuyeron botiquines de salud sexual a 5.500 centro de salud de todo el país.
Fuente: Salta/12
BH
