DDN. El procurador general de la Provincia, Pedro García Castiella, y el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Alejandro Aldazabal, firmaron este viernes un importante convenio que establece la creación de una Mesa de Enlace y del Programa Estratégico Integral de Control Forestal.
El convenio insta a la creación de un Registro Único de Delitos, Contravenciones e Infracciones Ambientales vinculadas a la tala, explotación, aprovechamiento y comercialización de productos de bosques nativos, conforme a los criterios señalados por las leyes 26.331 y 7543.
El objetivo central del convenio radica en la aplicación de un criterio unificado para la selección, carga y administración de datos referidos al control forestal en todo el territorio provincial.
Dicha base de datos posibilitará la planificación de acciones concretas de protección y represión en favor del ambiente y de las poblaciones, tanto aborígenes como criollas. A su vez, permitirá el desarrollo de políticas de protección, planificación y fomento de la actividad forestal, sobre la base de datos certeros que reflejen la realidad del comercio forestal irregular.
De esta forma y bajo criterios compatibles, se registrarán en la base de datos las actuaciones que permitirán determinar la existencia de las infracciones contempladas por la normativa vigente.
Por último, y con el fin de generalizar los criterios de manejo de información ambiental, la Mesa de Enlace dará participación en forma oportuna, tanto a la Policía Federal Argentina como Gendarmería Nacional y el Ministerio de Seguridad de la Provincia.
De la firma del convenio participaron el ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos; la jefa del Programa Fiscalización y Control de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Silvina Borelli; el secretario relator en Ambiente e Intereses Difusos de la Procuración General, Sebastián Lloret y los abogados de la Procuración General, Santiago Sotelo y Marcos Rubinovich.
Fallo de La Corte Interamericana de DDHH a favor de las comunidades
Tanto la tala indiscriminada como la comercialización ilegal de productos forestales continúa siendo uno de los problemas más acuciantes en materia ambiental, económica y social.
A principios de 2020, la República Argentina (y la Provincia de Salta dentro de ella) fue condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la causa “Comunidades Indígenas miembros de la Asociación Lhaka Honhat vs Argentina”, debiendo elevarse los estándares de protección en diversas materias vinculadas al reconocimiento de la personería de los pueblos originarios, al derecho a la propiedad comunitaria, al acceso al agua y la alimentación, a las garantías judiciales y a la protección de bosques nativos, entre otros temas.
Las actividades ilícitas ponen en serio peligro al bosque nativo y a diversas especies animales y vegetales; afectan gravemente al sector productivo que desarrolla su actividad forestal de acuerdo a la normativa vigente y perjudica especialmente a las comunidades originarias y criollas cuya subsistencia depende del bosque, lo que origina múltiples problemas económicos y sociales.
MP
