DDN. Julia Fernanda Flores, a quien llamaban “Pamela”, tenía 12 años. Fue asesinada a mediados de enero. Florencia Isabel Torrez tenía 14 años. Su crimen fue a principios de marzo. Jorgelina Reynoso tenía 16. Su cuerpo golpeado fue hallado en un cementerio el último fin de semana. Las dos primeras, en Salta. La tercera, en Chaco. En lo que va del año, tres niñas y adolescentes wichí fueron violentadas hasta morir.
“Estos casos siempre han ocurrido. Pero nunca se exteriorizó, nunca salió a la luz. Hay casos de hace muchos años. En Chaco, Formosa, Salta. Lo más triste es que no es solamente el femicidio o el infanticidio, es también una carga de odio, de racismo, hacia la otra persona”, lamenta Octorina Zamora, referente de la comunidad wichí en Salta. Y sigue: “Estamos viendo que no hay un trabajo de base. Entonces los organismos que se deberían ocupar no lo hacen. El Ministerio de Género, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, las secretarías de Niñez de las provincias. Está a la vista que no hay una política pública diseñada que sea desde los pueblos indígenas. Todo lo que es ‘para’ es de acuerdo al que lo hizo, desde la oficina. No desde el lugar. Así siempre va a haber falencias”.
Tanto en los casos de Pamela y Florencia como en el de Jorgelina fueron detenidos hombres que se decían parejas o con vínculos previos con las víctimas. “Los tipos no han sido pareja, fueron abusadores. Tanto Pamela como Florencia eran niñitas. Y los involucrados, como en el caso de Florencia, un hombre de 26 años. Son abusadores. Esto destapa toda una enfermedad producida por esta sociedad. Los gobiernos lo tienen tapado todo el tiempo, pero estamos en un momento en el que nos estamos animando. Así su plan fuera exterminarnos a través de los machos, no nos van a disciplinar. Nos estamos animando a hablar, a salir. Creo que tiene que ver con eso: querer disciplinar”, reflexiona la mujer wichí, en diálogo con Tiempo.
Zamora pide “que sea profunda y prolija la investigación por los casos de Pamela, Florencia y Jorgelina. Estas provincias han sido siempre castigadas por las violaciones en banda e individuales, los femicidios impartidos por criollos. Creo que tienen que ponerse a trabajar seriamente los gobiernos. Es triste cómo el Estado abandona a este sector humano de los pueblos indígenas: la niñez, la adolescencia y las mujeres”.
La ausencia estatal, la escolarización interrumpida, la falta de oportunidades, el abuso infantil, la maternidad adolescente (Jorgelina tenía un hijo de tres años) y las adicciones fueron solo algunas de las problemáticas mencionadas en torno a las historias de las tres niñas wichí víctimas de femicidios en los últimos meses.
“Las rutas pasan por las comunidades indígenas y traen de todo. Entre eso, también estupefacientes. Hay casos de desapariciones de jóvenes de hace años, de los que nunca se ocuparon. El genocidio continúa. Sigue con este tipo de prácticas: infanticidios, femicidios, estupefacientes, alcoholismo. Y ausencia del Estado. Acá no hay ningún programa o proyecto que sea apuntado realmente para elevar el estatus de la juventud, de la niñez, de la vida de los pueblos indígenas. Hay una ausencia de políticas públicas. Si no estamos en la agenda del gobierno nacional ni los provinciales, vamos a seguir siendo víctimas de estos machos”, alerta la referenta wichí. “Parece que para el estado es cómodo que muramos así”, se indigna.
Zamora acompaña un proceso de organización que viene creciendo entre las comunidades de la ruta 81 del departamento de Rivadavia. A fines de febrero, mujeres de la región reclamaron por primera vez de forma explícita por los abusos sexuales perpetrados por criollos y exigieron que se los obligue a reconocer la paternidad biológica sobre niños y niñas nacidos de esas violaciones. La denuncia la formularon una treintena de mujeres de la comunidad Misión Kilómetro 2, cercana a la localidad de Pluma de Pato, donde en enero había sido asesinada Pamela.
“Ojalá que esto se vaya difundiendo de tal manera que incentive a las mujeres a organizarse. Porque el caso de los abusos, de los maltratos, de los femicidios, de la trata, no es solamente en ese tramo de la ruta 81. También hay en Santa Victoria Este, en la zona de la ruta 34. Creo que hay que empezar a visibilizar. A ver si de una vez por todas el Estado se sensibiliza y trabaja para y con nosotros”, reclama Octorina Zamora.
MP
