Carlos Saravia, presidente del Ente Regulador de Servicios Públicos de Salta, denunció que “se han colgado tributos municipales dentro de la factura de servicios públicos de Edesa”, sin dar la debida participación al Concejo Deliberante, a la Dirección General de Inmuebles y al propio Ente. “La Municipalidad se dedicó a cobrar con una voracidad recaudatoria que no tiene precedentes”, aseveró.
Saravia explicó que desde 2005, por decreto, existe una autorización para que el cobro de la Tasa General de Inmuebles se efectúe por medio de la factura de Edesa. Sin embargo, remarcó: “Para nosotros es insuficiente el decreto, la Corte de Justicia ya ha fallado en un caso similar. Desde el momento que Edesa se lleva un porcentaje de los tributos, es materia del Concejo Deliberante”.
En tanto, en el caso del Impuesto Inmobiliario, recordó que en el 2008 se firmó una adenda, bajo la entonces intendencia de Miguel Isa, con Edesa. Sin embargo, “jamás fue presentada al Ente Regulador para que se autorice esta operatoria”. “Y en el caso de esta Tasa de Prevención y Protección de Personas y Bienes, no existe ningún antecedente que los autorice. Esa está colgada de hecho”, aseveró.
En este punto, el titular del Ente hizo referencia a lo que entienden como “una consigna engañosa” por parte de la Municipalidad ya que “lo que ha hecho es modificar el Código Tributario en los hechos”. De esta forma, “lo que estaba previsto como algo cierto y objetivo ha pasado a un esquema presuncional, la Municipalidad presume que, si yo tengo dos medidores en mi casa, tengo dos inmuebles”.
Y es que, de acuerdo con su análisis, “la movilidad ya no existe en una familia clase media baja o baja. Entonces, el hijo se va a vivir al fondo de la casa, o arriba de la casa, y pone otro medidor”. “Eso es todo lo que ocurre, y hay entre 4500 y 5000 familias que están en esta situación- denunció Saravia-. La Municipalidad se dedicó a cobrar con una voracidad recaudatoria que no tiene precedentes porque acá se cobró siempre de la misma manera. Ahora resulta que interpretan el Código Tributario realmente casi hasta por analogía, por esquemas prohibidos”.
Asimismo, resaltó que las resoluciones dictadas desde la Agencia de Recaudación de la Municipalidad de Salta- ARMSa-, a cargo de Alejando Levin, refieren a la figura de la Unidad Parcelaria Transitoria. Sin embargo, aclaró que “para el Impuesto Inmobiliario y para la Tasa de Prevención y Protección de Personas no existía esta figura hasta enero del 2022 que se promulgó el nuevo Código Tributario”.
“De origen, esto parte mal”, advirtió el titular del Ente. “Han cambiado todo un sistema, han incorporado 23 mil contribuyentes en este proceso ansioso que tienen por recaudar. Esto está con una connotación de fraude, hay cosas que hay que mejorar”, dijo.
Resolución del Ente
Frente a esta situación, el titular del Ente Regulador señaló que mantuvo reuniones con autoridades de Edesa y autoridades municipales, entre ellos el secretario de Hacienda, Daniel Amador; el secretario de Legal y Técnico, Daniel Nallar; y Alejandro Levin desde ARMSa. “Cuando apareció una funcionaria que más o menos instaló una versión de que el Ente está tratando de sabotear a la Municipalidad. Eso lo hace sola la Municipalidad”, lanzó.
Y añadió: “Se habían comprometido en los casos groseros, que son los del impuesto inmobiliario y de la pobre gente que tiene dos medidores porque se le devalúa la situación económica familiar. El lunes iban a dar un reforme y a retroceder con el dictado de una resolución. Ahí aparecieron y no retrocedieron en nada. Lo único que dijeron era que a esta gente se le iba a dar el derecho para que reclamen. A ese derecho se lo da la Constitución”.
“Salimos de la reunión y encima dicen ‘acá acreditamos que está todo perfecto’, y esto no es cierto. Nosotros tenemos algún celo de que se nos respete porque todo lo que hacemos se hace con honestidad intelectual”, expresó Saravia. Además, remarcó que, a partir de una resolución del Ente, desde Edesa deben enviar la totalidad de los antecedentes. “Acá, evidentemente, ha habido firmas de modificaciones contractuales que no están autorizadas por decreto ni por el Concejo Deliberante, pero que podría ser que existan. Hasta ahora, no las tienen. Pero las pedimos porque entiendo que una municipalidad que tiene 5 mil empleados y tiene 100 abogados, quizás haya hecho algo más que lo que se ve, que es casi un desierto en términos jurídicos”, advirtió.
Por otra parte, el documento ordena que no se utilice esta palabra “catastro”, “porque es engañosa”. “Ellos lo que hicieron es usar ‘unidades parcelarias provisorias’ y resulta que a la hora que usted va a consultar en la factura de Edesa dice ‘catastro’, porque el convenio de cobranza que tiene le exige a la Municipalidad que remita el número de catastro. Ese dato falso ha inducido en error. Entonces, a usted le llega la boleta, usted tiene dos medidores en la casa y le llegan dos boletas, la primera boleta tiene el número correcto de catastro, que le da la Dirección General de Inmuebles, la segunda tiene un número que dice catastro, pero es trucho porque no es un número que se corresponda con el catastro que da inmueble que, por ley, es el único que puede darlo”, ejemplificó el funcionario.
Denunció así que “esta manipulación del término solamente se ha hecho con el fin de confundir y con una negligencia importante, si vamos a pensar, con mucha benevolencia, lo que ha hecho la Municipalidad”. “Desde ahora, únicamente pueden utilizar la palabra catastro en los términos que manda la ley y después de transitar un proceso ante la Dirección de Inmuebles”, agregó.
Resaltó que “el Código Tributario también les exige que dicten actos administrativos vinculados con la unidad parcelaria transitoria o provisoria”, por lo que desde la Municipalidad deben “dictar un decreto y pasarlo a Inmuebles para que apruebe”. Al respecto, enfatizó: “Sobre 23 mil unidades parcelarias, que yo sepa, no existe ningún decreto. Son 23 mil los que se agregan. Esos son los que tienen por lo menos más de una parcela, según ellos. Puede haber hasta 50 en un loteo”.
En este punto, realizó algunas estimaciones precisando: “En la menor de las hipótesis, si se duplica el impuesto inmobiliario de 1476, por cinco mil casos que entiendo que son los más conflictivos de esas casas que tienen dos medidores. Si tienen tres ya se multiplica más. y si incorpora la Tasa, 52 pesos, estamos hablando de una recaudación de 60 millones de pesos anuales. En este caso, creo que estamos hablando de la diferencia, 25 mil por 1476, y ya debe andar rondando los 180 millones de pesos”.
“La otra orden que ha dado el Ente es que Edesa no puede recibir ningún tipo de modificación de listado si no es con respaldo de documentación certificada”, continuó el titular del organismo. Asimismo, señaló que el cuarto artículo advierte que “no están cumpliendo la normativa de la Dirección General de Inmuebles y se modificó la base imponible, que no pueden ser modificadas por la Agencia Recaudadora”. Ellos no pueden modificar el Código Tributario cada vez que quieran. Ellos ahora presumen que hay más catastros de los que existen”, reiteró Saravia.
Y continuó: “Para mí había que suspender la operatoria. Si ha habido velocidad para recaudar en los términos livianos en que se ha aplicado la normativa, también tiene que haber velocidad para evitar que se configure de nuevo lo injusto”.
De acuerdo con sus declaraciones, de no dar cumplimiento a lo dispuesto por el Ente, se analizará “el descuelgue de los tributos de la factura de Edesa”. Además, cuestionó la escasa voluntad de devolver lo que se cobró indebidamente, y sostuvo: “Si yo llevo a cobrarle algo mal a alguien, la vergüenza me tiene que llevar a devolverlo inmediatamente. Si le devuelvo después de mucho tiempo, tengo que devolver con intereses”.
Respecto a la Tasa de Prevención, cuestionó que “esto entra a gastos corrientes de la Municipalidad, cuando tienen que ir a una cuenta específica”, y lanzó: “Es la tendencia que tienen los funcionarios, poner en bolsillo común cosas que son específicas”.
Por otra parte, el funcionario remarcó que “sobre esta base se está aceptando el pedido de esta asistencia financiera”, en referencia a la iniciativa municipal que se debate en el Concejo. “Están diciendo que les sobra 60 millones para pagar. Bueno, si esta es la forma que tienen de cobrar, no tienen esa plata”, expresó.
Partiendo de los 23692 casos de personas afectadas por el cobro, Saravia puntualizó: “Pueden ser más, con el agua pasa lo mismo. El problema es que regularizar a un colgado le sale al Estado, aproximadamente, 100 mil pesos. Este es el dilema que tiene un Estado que no tiene plata por el centralismo de las políticas del Gobierno nacional”.
Sin embargo, aseguró que se viene trabajando en tal sentido con fondos de diferentes organismos nacionales y provinciales. “Se hace lo que se puede. El diagnóstico está, los proyectos están. El Ente Regulador va a financiar los proyectos ejecutivos”, aseguró.
Fuente: Hora 7 radial – FM Noticias 88.1 MHz.
BH
