DDN. Se puso en marcha el protocolo antipiquetes para Orán, ciudad donde los vecinos reclaman por deficiencias en los servicios de agua, luz y piden que se garanticen estos servicios esenciales.
¿La respuesta? La ruta 50, en el norte provincial, amaneció custodiada por policías y gendarmes.
El periodista y concejal Samuel Huerga dijo que “el corte de ruta es la expresión de hartazgo ante la falta de respuestas, no una conducta antojadiza”.
Para el comunicador, “el protocolo para manifestaciones de Sáenz tiene características de espionaje social y en vez de mandar a los funcionarios a discutir, se envía a la policía en una distorsión de la democracia”.
Mencionó además que “se saca a los vecinos de la ruta, del acampe de EDESA y las familias están enojadas porque es una forma de amedrentarlos”.
Huega criticó la reducción del 30% de la tarifa eléctrica en zonas cálidas, dispuesta por el Ente Regulador de Servicios Públicos, ya que es solo por cuatro meses y no defiende los intereses de los usuarios, sino que sigue en consonancia con la empresa.
“La situación es muy grave, la cadena de frío es un tema de salud, se corta la comida, los fiambres las carnes, hay un brote de salmonella muy grande, se rompen las heladeras, los frezzers de los frigoríficos que se quieren morir y varias carnicerías han cerrado porque no pueden sostener su actividad comercial o se venden productos en mal estado”, señaló el edil y sentenció que “la tortura a los vecinos de Orán no tiene nombre”.
Lamentó que aún en esta situación sus pares se hayan negado a acompañar el proyecto de resolución que presentó para que se anule el protocolo de manifestaciones, justificando la decisión en el temor a que se enoje el Gobernador.
Finalmente, Huerga pidió al procurador de la provincia, Pedro García Castiella, que se declare la inconstitucionalidad del protocolo y que los organismos de derechos humanos hagan también este reclamo.
Fuente: Todas las voces todas-FM Noticias 88.1 Mhz.
MP
