DDN. “No puede tratar de combatirse el narcotráfico en base a reacciones esporádicas y espasmódicas”, lo dijo el procurador General, Pedro García Castiella, en relación con el avance del crimen organizado en Rosario, provincia de Santa Fe, destacando la necesidad de una agenda de política criminal unificada a nivel nacional. Esta agenda debiera involucrar a todas las provincias para hacer frente eficazmente a esta problemática.
“Esto no es nuevo. Los Procuradores del país, reunidos en el Consejo Federal de Procuradores, llevamos mucho tiempo insistiendo en que en la Argentina hace falta una agenda de política criminal unificada y federal, con la participación de todas las provincias”, sostuvo.
Señaló que el fenómeno de Rosario no es aislado, sino que el crimen organizado está presente en todo el país, y citó al Ministro de la Corte de la Nación, Ricardo Lorenzetti, quien afirmó el año pasado que las bandas criminales están instaladas en todo el país y que no es algo que debamos ocultar, sino enfrentar a través de una política criminal clara y federal, con la coordinación entre Nación y provincias, evitando tratarlo como compartimentos estancos o fenómenos aislados y con reacciones espasmódicas. “No se puede hacer política con el narcotráfico y con la política criminal”, sentenció.
El Procurador destacó la gravedad de lo que está ocurriendo en Rosario, describiéndolo como terrorismo y explicando que, “cuando el Estado intentó imponer mayor rigor en las cárceles y con los detenidos, estos respondieron amenazando con provocar la muerte de un inocente por día. Esta situación busca instaurar el terror en la sociedad”. Por eso, enfatizó en que el Estado debe siempre mantener su capacidad y poder disuasivo frente al crimen, no debiendo retroceder bajo ninguna circunstancia.
También enfatizó en la importancia de implementar políticas preventivas para evitar situaciones no deseadas como las que se están viviendo. Propuso fortalecer los equipos de investigación con personal especializado, diferente al que realiza tareas policiales en la calle, así como mejorar el control en las cárceles y sobre lo que ocurre dentro del Servicio Penitenciario: “Recientemente en Salta desmantelamos una banda dedicada a negociar con internos, manipulando calificaciones del Consejo Correccional, facilitando el ingreso de teléfonos celulares o armas blancas, entre otros delitos graves. Es por eso que el Estado nunca debe perder el control sobre estas situaciones, ya que de lo contrario se produciría un trasvase de corrupción a diferentes ámbitos estatales”.
También hizo hincapié en la necesidad de tener un control efectivo de las fronteras, una responsabilidad del gobierno nacional que considera fundamental. Argumentó que si no se controla adecuadamente, las autoridades provinciales terminan haciéndose cargo de combatir todas las ramificaciones del crimen organizado, especialmente en el caso del narcotráfico. Además, expresó su preocupación por la delincuencia asociada al crimen organizado, como los sicariatos, secuestros y balaceras, que han afectado a la provincia durante mucho tiempo. “Yo vengo hace tiempo intentando poner en la agenda política e institucional la urgencia de combatir el narcotráfico de manera constante e incansable, promoviendo una política criminal y legislativa seria y sostenida en el tiempo, que no se base en respuestas esporádicas y espasmódicas, sino en una estrategia integral y comprometida”, insistió.
Advirtió además que, “hay que ser muy prudente en la comunicación. En Rosario, esta reacción del narcotráfico o del crimen organizado ha tenido que ver quizás, con la difusión que se dio de lo que estaba pasando en las cárceles, del control que se quería ejercer. Y con el crimen organizado y con la política criminal no se tiene que hacer política. Son dos cosas absolutamente diferentes”.
En referencia a la inquietud generada por el crimen organizado en el departamento Orán, detalló que en el 2023 hubo 19 homicidios calificados, 13 en el 2022, 15 en el 2021: “Tenemos muchas personas encausadas y bajo prisión, células incipientes o con algún grado de organización militar que están presos. Ha bajado de este año al año pasado sensiblemente la tasa de homicidios en la localidad, así que creo que estamos yendo por un buen camino, pero no hay que descuidarse porque, y siempre hablo de que el problema del crimen organizado es nacional, no se avizora las soluciones en lo inmediato si no se atiende a una política criminal federal, nacional y seria”.
Sobre la radarización en la zona de frontera a la que hizo alusión el exministro Agustín Rossi, dijo que los radares podrán ser útiles pero si no están acompañados de una política de emergencia criminal acertada y planificada, solo van a servir para contar aviones.
Por FM Noticias, García Castiella repitió que la agenda general y la política unificada deben ser con todas las provincias.
En este sentido, mencionó que en una reunión con Patricia Bullrich se acordó empezar a trabajar en colaboración y articulación entre Nación y la provincia de Salta en cuando a la lucha contra el crimen organizado y afirmó que había un interés cierto de parte del Ministerio de Seguridad, de avanzar en este contexto.
Para el Procurador, “hay que empezar a trabajar con una agenda de prioridades sobre el crimen organizado, ya que hay falta de inversión, se desfinanciaron los laboratorios forenses y de nada sirve mandar efectivos a la calle sin saber que hacer… sin respaldo de inteligencia criminal, sin investigadores especializados colaborando mano a mano con los fiscales y laboratorios forenses sin capacidad operativa. El control de fronteras es importante, avanzar sobre el lavado de activos y modificación de legislación nacional”.
Al preguntarle de las implicaciones sobre lo que implicará el tratamiento del narcoterrorismo, indicó-de acuerdo a declaraciones de Bullrich, que no solo aumentarían las penas sino en una suerte de pensar en una responsabilidad colectiva de la organización por cada delito que cometa un solo miembro. “Eso hay que pensarlo bastante porque nosotros tenemos un derecho penal de acto y no de actor en el que se lo juzga por la conducta que comete y si es en banda también, pero no se puede perseguir penalmente por el crimen de otro a alguien que no tiene nada que ver puntualmente e el hecho”, explicó.
Opinó así que “hay que ser cuidadosos con este tipo de situaciones. Entiendo que los paradigmas y criterios tienen que ser más rigurosos con las bandas criminales organizadas, pero de ahí a violar los derechos individuales, hay una distancia. Acá no hay que hacer inventos, ni declaraciones rimbombantes, sino cosas mucho más simples que no se están haciendo, por ejemplo poner en marcha y vigencia lo que ya está legislado que es el sistema acusatorio en el ámbito de la justicia federal”.
Por último, reconoció la necesidad de más fiscales como una demanda natural y permanente, más aun teniendo en cuenta el corte abrupto de los recursos que le corresponden a la provincia por parte del Gobierno Nacional.
Fuente: Algo personal-FM Noticias 88.1 Mhz.
MP
