Se le impuso la pena de inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cualquier tipo de cargo público, la cual implica la privación del empleo o cargo público que ejercía el penado aunque provenga de elección popular; la privación del derecho electoral; la incapacidad para obtener cargos, empleos y comisiones públicas; la suspensión del goce de toda jubilación, pensión o retiro, civil o militar, cuyo importe será percibido por los parientes que tengan derecho a pensión. Además de tres años de prisión de ejecución condicional, idéntica a la impuesta en audiencia anterior respecto al coimputado Sergio Armando.
En el caso del Gonza se impuso además la pena accesoria de inhabilitación ya que los delitos fueron cometidos en el ejercicio de sus funciones en su calidad de Intendente. Todo ello de conformidad a los hechos por los que resultó condenado de fraude en perjuicio de la administración pública y peculado de trabajos y servicios, en concurso real.
